• Opinión: ¿Sólo faltaba!

    JUAN IGNACIO GONZÁLEZ – EL COMERCIO
    MIREN ustedes, las cosas funcionan normalmente así: hay desde siempre en política una actuación dual, que habrá que corregir, efectuada por los partidos de cualquier signo y condición cuando gobiernan. Por un lado, surge una obsesión por transmitir a la ciudadanía las obras y compromisos efectuados por el gobierno de turno maximizando logros; por otro, surge la necesidad de extender un manto de silencio sobre la agenda no desarrollada, minimizando incumplimientos, y ambas estrategias necesitan departamentos y gabinetes pegados al poder o creados por él que las lleven a cabo.

    [Read More...]
  • Opinión: A feria pasada

    JUAN IGNACIO GONZÁLEZ – EL COMERCIO
    MI periódico lleva dedicándoles varias páginas diarias a los taurinos y a las excelencias de la pasada feria en el coso de El Bibio. No pasara nada, pues, si dedicamos las seiscientas palabras de esta crónica a defender la desaparición de dicho espectáculo, máxime si buena parte de este texto se fundamenta en una proposición no de ley que el grupo socialista en el Congreso (si tiene coraje suficiente) presentará el próximo otoño en la Cámara, y que plantea la modificación del Código Penal en materia de derechos de los animales.

    El grado de respeto y protección de los derechos de los animales es un indicador del grado de humanización y civilización de cualquier sociedad. Los animales, como el resto de la comunidad biótica, no son cosas a disposición de su poseedor o propietario, sino seres vivos que sienten y actúan de manera autónoma. Es por eso que debemos considerar a los animales como bienes valiosos en sí mismos y otorgarles derechos que protejan aquellas cualidades de su existencia del daño y el sufrimiento que nuestra sociedad les puede ocasionar. En esto consisten los derechos: proteger bienes valiosos, en sí mismos, de cualquier lesión que les pueda menoscabar su existencia u ocasionar daños innecesarios.

    En este empeño llevan muchos años implicadas las organizaciones de defensa de los animales y ecologistas españolas, que han reivindicado, con tanta fuerza como razón, la inclusión en el Código Penal de los delitos contra los animales. La labor y la existencia misma de estas organizaciones muestran cómo la sociedad española ha alcanzado un grado de conciencia muy superior al que reflejan nuestras leyes. Las organizaciones de defensa de los animales son, después de las defensoras de los derechos humanos, las más valoradas por los españoles según encuesta del CIS.

    La protección de estos derechos por parte del Código Penal es coherente con la naturaleza de este instrumento jurídico, que protege de manera fuerte los bienes jurídicos fundamentales, como son la vida o la libertad. La entrada de los derechos de los animales en el Código Penal supone un grado máximo de reconocimiento, como bienes no instrumentales, de la vida, el bienestar y el no maltrato de los animales. No se trata sólo de proteger la supervivencia de la especie, como la legislación ambiental de protección de la biodiversidad, sino la entidad, autonomía y el bienestar del individuo de cada especie animal.

    El Código Penal de la democracia, del año 1995, contempló, por vez primera, el maltrato animal como falta (artículo 632). Con posterioridad, se produjo una tímida reforma, aprobada en la ley orgánica de 15/2003, de 25 noviembre, por la que se modifica el Código Penal del 95, en lo tocante a los delitos contra los animales.

    Esta modificación es a todas luces insuficiente, por restrictiva en cuanto a los animales protegidos y las conductas tipificadas, como por el régimen de sanciones establecido, de ahí que el Congreso se esté planteando, a través de una proposición no de ley, instar al Gobierno a remitir un proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley 10/1995, de 25 de noviembre del Código Penal, que contenga, entre otros, la inscripción de un título específico destinado a los delitos contra los animales, la tipificación como delito de las conductas que provoquen la muerte innecesaria o cruel, la tortura, la experimentación no justificada o el maltrato de animales.

    Barcelona fue declarada ciudad antitaurina por su actual gobierno municipal, pero ya se sabe que los catalanes son antiespañolistas y, con tal de fastidiar la fiesta nacional… En fin, los mismos que se rieron del proyecto Gran Simio manifestarán su coña contra este escrito. Sólo pido que el Ayuntamiento socialista tenga el coraje, si lo tiene su grupo en el Congreso, de no financiar más con dinero público lo que ocurre en El Bibio cada agosto por feria.

  • Los Verdes piden un Centro Integral de Protección Animal para el Valle del Nalón

    Ante la propuesta para crear un servicio mancomunado de recogida de animales en el Valle del Nalón, Los Verdes d´Asturies entienden que hay que replantearse el modelo tradicional de “perrera” y adaptarlo a las nuevas circunstancias. Por ello, solicitan un proyecto más ambicios para crear un centro integral de protección animal.
    Ver comunicado
    Ver noticia en La Voz de Asturias

    [Read More...]
  • Opinión: Residencias de tercera edad

    JUAN IGNACIO GONZÁLEZ – EL COMERCIO
    EN el BOPA del pasado 28 de julio aparecen publicados los precios mínimos y máximos de las residencias de tercera edad de carácter privado ubicadas en Asturias. Esta publicación forma parte de las obligaciones que contraen los responsables de los centros residenciales radicados en Asturias ante la Administración que les autoriza el funcionamiento y ante la ciudadanía que tiene derecho a conocer los precios de los servicios.

    Dicha publicación no tendría nada de particular si no fuera que, pese a que la Ley de Protección al Anciano 7/91 del Principado de Asturias la planteaba como una obligación anual, tanto de los titulares de los centros como de la Administración del Principado, es la primera vez en quince años que se lleva a cabo. Todo un cúmulo de gloria para los responsables de la gestión de los servicios sociales asturianos.

    La ley del anciano, muy obsoleta ya, nació fundamentalmente para tres cosas: para regular las condiciones básicas que habrían de cumplir los servicios residenciales, tanto públicos como privados, en el Principado en una época en la que se intuía la necesidad de normativizar un sector cuyo desarrollo futuro podía ya evidenciarse, para establecer un catálogo de derechos y deberes de los ancianos residentes que luego la legislación de servicios sociales se encargó de afinar, y para crear el ERA, organismo autónomo para la gestión del parque público y concertado residencial que representa aproximadamente algo menos de un tercio de toda la oferta de plazas en Asturias, y que tiene una lista de espera que, pese a los esfuerzos del último periodo, supera ampliamente las 1.300 personas.

    Del grado de cumplimiento de dicha ley llama la atención, al calor de la publicación de los precios del pasado 28 de julio, que la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se haya encontrado con la resistencia de un porcentaje importante de residencias que no han cumplido con el trámite de enviar los precios y que, como afirma la consejera, serán expedientadas. Después de quince años de incumplimientos de la Administración, no estaría de más que además de los centros se expedientara también a los responsables de que dicho precepto no se llevara a cabo.

    No hay que olvidar tampoco que la ley creaba la figura del Letrado Defensor del Anciano, como un órgano unipersonal, dependiente directamente del consejero o consejera, y con una serie de atribuciones en defensa de todas las personas ancianas de Asturias. No ha sido hasta este pasado año que dicho puesto ha sido cubierto, y eso que llegó a haber hasta una modificación de la ley para hacer efectivo dicho nombramiento. Esto significa que hemos estado quince años sin letrado del anciano, y aquí no pasa nada.

    Si repasamos la normativa de tercera edad posterior, en lo que se refiere a plazas públicas y concertadas, en el decreto 10/98, pero aún antes también, existía la obligación por parte de la Administración de hacer efectivo el pago de las cantidades adeudadas por los ancianos por sus estancias en dichos establecimientos, accediendo al patrimonio de los mismos o exigiendo a las familias herederas la liquidación de las deudas en aquellos casos en que fuera posible. Pues bien, no ha sido si no a partir de este mandato que dicha exigencia comenzó a hacerse efectiva. Es decir, durante muchos años, la deuda la hemos pagado usted y yo.

    El año que viene entra en vigor plenamente el decreto 79/02, que establece las condiciones materiales y los medios humanos de los que han de dotarse los centros residenciales que han tenido una moratoria de cinco años para adaptarse a sus exigencias. Si se desea un parque residencial de calidad, no estaría de más que los servicios de inspección funcionaran a pleno rendimiento. Si no la norma será, una vez más, papel mojado. Eso sí, nadie en la Administración será responsable.

  • Opinión: Un ejercicio de demagogia

    JUAN IGNACIO GONZÁLEZ – EL COMERCIO
    EN el estudio sobre pobreza en Asturias elaborado en el año 2004 por los profesores Yruelo y Cabrera, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que sirvió de base para determinar las familias destinatarias del salario social en nuestra comunidad, se estimaba que el número de familias en situación de pobreza, con los parámetros sociológicos establecidos en la encuesta, arrojaba un saldo de 34.960 familias en situación de pobreza en Asturias, distinguiendo 27.627 familias pobres precarias, 6.666 familias en situación de pobreza grave y 667 hogares en situación de pobreza severa, es decir, y utilizando parámetros del propio estudio, en Asturias había 125.856 pobres. […]

    [Read More...]