• Los Verdes exigen unos servicios públicos de calidad

    Los Verdes de Asturias, como miembro del Partido Verde Europeo, participa en la campaña internacional para la elaboración de una ley europea sobre servicios públicos. El objetivo de la campaña es conseguir las firmas necesarias para lanzar una Iniciativa Legislativa Popular. Por ello, se ha habilitado un enlace en la propia Web desde donde se puede firmar la petición on-line.

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  • Los Verdes proponen medidas para aumentar el reciclaje en Langreo

    Entre las propuestas para mejorar la ridícula tasa de reciclaje destacan: campañas de sensibilización, implantación de un sistema de recogida selectiva “puerta a puerta” y una mejora de los medios actuales para la erradicación de vertederos piratas.

    Ver noticia relacionada en La Nueva España.

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  • La ruleta rusa no es un juego ni un juguete

    DAVID HAMMERSTEIN, eurodiputado de Los Verdes.

    En las últimas semanas millones de juguetes chinos han sido retirados de las tiendas por contener sustancias químicas peligrosas como el plomo. Es evidente de que hay una temeraria falta de control sobre los productos importados en general y sobre los juguetes en particular. Es un escándalo que los fabricantes de juguetes llevan años vendiendo juguetes tóxicos sin que […]

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  • Francisco Garrido (Los Verdes), presenta un Recurso de Amparo ante el T. Constitucional, por el rechazo del Congreso a tramitar sus preguntas sobre la Casa Real

    Asegura que la Constitución deja una puerta abierta al control parlamentario y presupuestario de la Casa Real.

    El diputado de Los Verdes, Francisco Garrido, ha anunciado hoy en rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, la presentación, mañana de un Recurso de Amparo, ante el Tribunal Constitucional, por la negativa de la Mesa del Congreso a tramitar sus preguntas parlamentarias referentes a la Casa Real.

    La polémica estalló en junio, cuando Francisco Garrido preguntó por la publicidad que la Familia Real hacía de las clínicas privadas, en todos los nacimientos de los hijos de los príncipes. La Mesa del Congreso alegó, para echar para atrás la iniciativa, que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Sin embargo, el diputado “verde” considera que “hay una concepción errónea ante el concepto de responsabilidad, ya que es algo que sólo tiene sentido ante un tribunal”, algo que no tiene relación, según explica, con el control parlamentario y presupuestario que solicita. Un control que la Constitución deja abierto, ya que “sólo dice que el Rey tendrá libre disposición de la asignación presupuestaria, pero no dice nada de que ésta deba ser opaca”. Así que, para Garrido, la Constitución dejaría abierta la transparencia de las actividades de la Casa Real y de sus cuentas, algo que pretende conseguir a través del recurso al Constitucional.

    El recurso de amparo, que será presentado mañana, alude, según ha anunciado Garrido, a la transparencia de otras Casas Reales europeas, “aunque esta no va a ser la base de la argumentación, sino el hecho de que existe un vacío legal y una puerta abierta al control de la Familia Real ”.

    Francisco Garrido, que ha presentado esta semana otra pregunta parlamentaria sobre el nuevo Interventor de la Casa Real y una Solicitud de Comparecencia de éste en la Comisión de Economía del Congreso, considera que, con el debate actual abierto, el nombramiento de esta nueva figura, “seguramente se ha hecho como medida preventiva, ante la posibilidad que se llegue, en algún momento, al control parlamentario”.

    (Ver historial de la iniciativa – Documentos),

    LOS VERDES

    ___________________________________

    RECURSO DE AMPARO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

    FEDERICO J. OLIVARES SANTIAGO, Procurador de los Tribunales y de Dº. FRANCISCO GARRIDO PEÑA, Diputado del Congreso, como acredito mediante copia de poder debidamente bastanteada (doc. 1), cuya devolución solicito a otros usos una vez testimoniada, comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

    I.- Que ha sido notificado a mi mandante el Acuerdo de desestimación de la solicitud de reconsideración del Acuerdo de no admitir a trámite su pregunta sobre la Familia Real (Expte. núm. 184/119629/0000).

    II.- Que esta parte al no encontrar ajustada a Derecho el expresado Acuerdo, así como el Acuerdo 8 de mayo de 2007 en el que aquél traía causa, dicho sea en términos de defensa, por entender que los mencionados Acuerdos infringen los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 CE, apartados 1 y 2, por los motivos que se dirán, asistido del Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Dº. Francisco Soler Luque, colegiado núm. 1.307, formula RECURSO DE AMPARO conforme a lo previsto en los artículos 41 y ss LOTC, en base a los siguientes
    H E C H O S

    PRIMERO.- El recurrente de ampro, miembro de una fuerza política minoritaria: Los Verdes, es Diputado por Sevilla, integrado en el Grupo Socialista del Congreso.

    SEGUNDO.- Mediante escrito presentado con fecha 4 de mayo de 2007 se formularon por mi mandante, cuatro preguntas parlamentarias, relativas a la publicidad por parte de la Familia Real de las clínicas privadas con el texto y la motivación que se contienen en el escrito (doc. 2).

    TERCERO.- Con fecha 8 de mayo por la Mesa de la Cámara se adoptó acuerdo por el cual se inadmitían a trámite las preguntas formuladas por mi mandante relativas a la publicidad por parte de la Familia Real de clínicas privadas (Expte. 184/119629/0000) (doc. 3), inadmisión que estaba motivada en la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.3 CE.

    CUARTO.- Con fecha 16 de mayo se solicitó por mi mandante reconsideración de la inadmisión a trámite acordada (doc. 4), reconsideración que fue desestimada el por acuerdo de 5 de junio de 2007 y notificada el 6 de dicho mes (doc. 5), por considerar que la pregunta versaba sobre una materia ajena al contenido propio de tales iniciativas por tratarse de una materia no susceptible de control parlamentario, en base a los motivos en ella establecidos, que en síntesis son:

    1º. Los límites establecidos en el artículo 186 del Rgto. del Congreso.
    2º. El artículo 56.3 CE.
    3º. La interpretación conjunta y sistemática de los artículos 66.2, 108 y 111 CE y 185 y ss del Reglamento del Congreso, conforme a los cuales las interpelaciones y preguntas que se formulen al Gobierno y a cada uno de sus miembros han de versar sobre la gestión política de los mismos.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    A) Fundamentos jurídico-procesales:

    I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Corresponde la misma al Tribunal Constitución en virtud de lo establecido en los artículos 1.2 y 2.1.b) LOTC.

    II.- LEGITIMACIÓN: Concurren los requisitos de legitimación para interponer el presente recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.a) LOTC al haber realizado mi mandante las preguntas inadmitidas objeto del presente recurso.

    III.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA: Conforme a lo establecido en el artículo 81 LOTC, al haberse conferido la representación y defensa como se acredita mediante copia de poder general para pleitos que se adjunta con esta demanda a los profesionales indicados en el poder general para pleitos adjunto.

    IV.- PLAZO: El amparo deberá solicitarse conforme a lo establecido en el artículo 42 LOTC en el plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes.

    B) Fundamentos jurídico-materiales:

    I.- JUSTIFICACIÓN DE LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO. El artículo 49 LOTC dispone que la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso. Debe señalarse al respecto como tiene señalado abundante jurisprudencia de este Alto Tribunal que los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en le artículo 23 CE, apartados 1 y 2, «serían vulnerados si los propios órganos de las asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contrarían la naturaleza de la representación o la igualdad entre representantes» y «el derecho del artículo 23.2 CE así como, indirectamente, el que el artículo 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido o sería ineficaz si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio (SSTC 10/183, de 21 de febrero y 32/1985, de 6 de marzo)» (STC 203/2001, de 15 de octubre, FJ, 2º).

    «Como inequívocamente se desprende del inciso final del artículo 23.2 CE, se trata de un derecho de configuración legal y esa configuración comprende los Reglamentos parlamentarios a los que compete regular y ordenarlos derechos y atribuciones que los parlamentarios ostentan. Por lo que una vez conferidos por la norma reglamentaria, tales derechos y facultades pasan a formar parte del status propio del cargo de parlamentario (STC 27/2000, de 31 de enero FJ. 2), pudiendo sus titulares reclamar la protección del ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del poder público, incluso los del propio órgano en el que se integren, y (…) no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria» (STC 203/2001, de 15 de octubre FJ, 2º), «sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como son, indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de control de la acción del Gobierno» [STC 361/2006, FJ 2º.b), párrafo 2º], indudablemente integra ese ius in officium del recurrente en amparo, formando parte del status propio del cargo de Diputado, la facultad de formular preguntas al Gobierno, función atribuida por la Constitución al Parlamento, en sus artículos 108 y ss, y que se concreta en los Diputados que integran el Congreso en artículo 185, en el derecho a la formulación de preguntas al Gobierno.

    Lo anterior supone que la inadmisión por la Mesa de la Cámara a las preguntas formuladas por el recurrente de amparo impide a éste mantenerse sin perturbaciones ilegítimas en el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 23.2 CE y desempeñarlo en iguales condiciones.

    II.- FUNCIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA MESA DE LA CÁMARA. Artículos 31.1.5º y 186 Reglamento del Congreso de los Diputados. Al respecto este Alto Tribunal en su doctrina referida a las facultades de control que la Mesa de un órgano parlamentario puede ejercer en relación con las distintas iniciativas parlamentarias señala que: «En relación con la incidencia en el ius in officium del cargo parlamentario de las decisiones que adoptan las Mesas de las Cámaras en el ejercicio de su potestad de calificación y admisión a trámite de los escritos y documentos a ellas dirigidos, este Tribunal ha afirmado [SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ.3º; 107/2001, de 23 de abril, FJ.3º.b) y 203/2001, de 15 de octubre, FJ.3º] que ninguna tacha de inconstitucionalidad merece la atribución a las Mesas del control de la regularidad legal de los escritos y documentos parlamentarios, sean éstos los dirigidos a ejercer el control de los respectivos ejecutivos, sean los de carácter legislativo, siempre que tras ese examen de la iniciativa a la luz del canon normativo del Reglamento parlamentario no se esconda un juicio sobre la oportunidad política en los casos en que ese juicio esté atribuido a la Cámara parlamentaria en el correspondiente trámite de toma en consideración o en el debate plenario. Nuestra jurisprudencia ha precisado, además, que el órgano que sirve de instrumento para el ejercicio por los ciudadanos de la soberanía participando en los asuntos públicos por medio de representantes es la Asamblea legislativa, no sus Mesas, que cumplen la función técnico-jurídica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia, precisamente, como tal foro de debate y participación en la cosa pública. De modo que a la Mesa le compete, por estar sujeta al Ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los Reglamentos parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficiencia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de la iniciativa, esto es, examinar si la iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos por la norma reglamentaria. Si bien, ha concluido al respecto este Tribunal, el Reglamento parlamentario puede permitir o en su caso establecer, incluso, que la Mesa extienda su examen de la iniciativa más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la actividad de los ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan, justamente, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente; si la legalidad aplicable no impone límite material alguno a la iniciativa, la verificación de su admisibilidad ha de ser siempre formal, cuidando únicamente de que la iniciativa cumpla con los requisitos de forma que le exige esa legalidad. De modo que, en suma, al margen de los supuestos indicados, cuya razonabilidad y proporcionalidad como límite del derecho del parlamentario puede ser apreciada en todo caso por este Tribunal, al decidir la Mesa sobre la admisión no podrá en ningún caso desconocer que los actos a que venimos refiriéndonos son manifestación del ejercicio de un derecho del parlamentario que los formula, y que, por ello, cualquier rechazo arbitrario o no motivado causará lesión de dicho derecho y, a su través, según hemos indicado, del fundamental del Diputado a desarrollar sus funciones sin impedimentos ilegítimos (art. 23.2 CE). Finalmente ha de tenerse presente el principio de interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afirmado por este Tribunal, en concreto, en relación con el art. 23 CE, especialmente cuando este precepto se proyecta sobre el ejercicio del derecho de sufragio, y que conlleva que, al revisar los actos relativos al ejercicio de dicho derecho fundamental, los actores jurídicos opten por la interpretación de la legalidad más favorable a la eficacia de tales derechos (SSTC 76/1987, de 25 de mayo, FJ.2º; 24/1990, de 15 de febrero, FJ.6º; 26/1990, de 19 de febrero, FJ.6º; y 87/1999, de 25 de mayo, FJ.3º)» (por todas la STC 78/2006, FJ 3º).

    Señalado lo anterior no cabe duda que las preguntas formuladas por mi mandante no traspasan ninguno de los límites a que las somete en apartado 2º del artículo 186 Reglamento del Congreso de los Diputados: ser de exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada, o suponer una consulta de índole estrictamente jurídica, ni tampoco comportan una ofensa al decoro de la Cámara, de sus miembros, de alguna institución estatal o del cualquier otra persona o entidad.

    III.- OTROS LÍMITES Y CARÁCTER DEL CONTROL PARLAMENTARIO. Este Alto Tribunal ha admitido en su doctrina que el Reglamento parlamentario pueda permitir o en su caso establecer, incluso, que la Mesa extienda su examen de la iniciativa más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la actividad de los ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan, justamente, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente.

    Como se ha señalado no cualquier acto que infrinja la legalidad del ius in officium lesiona el derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como son, indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de control de la acción del Gobierno, por tanto será «vulnerado el art. 23.2 CE si los propios órganos de las asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de los representantes. Tales circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el status constitucionalmente relevante del representante público y el deber de motivar las razones de su aplicación, so pena, no sólo de vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino también de infringir el de éstos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). En tal sentido, además de las resoluciones que tomamos como guía en la presente exposición de la doctrina constitucional en la materia, interesa mencionar las SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ. 2º; 107/2001, de 23 de abril, FJ. 3º.a); 203/2001, de 15 de octubre, FJ. 2º y el ATC 118/1999, de 10 de mayo.» (STC 361/2006, FJ 2º.b), párrafo 2º in fine).

    En cuanto al primero de los límites señalados respecto a la extensión de la facultad de las Mesas de las Cámaras de examinar las iniciativas parlamentarias (limitación material de la Constitución), debe señalarse que el Acuerdo de reconsideración recurrido entiende que las preguntas formuladas desbordan el ámbito establecido en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, pues las mismas desbordan el ámbito de la gestión política del Gobierno, invadiendo el ámbito del privilegio de la inviolabilidad e irresponsabilidad que la Constitución, en su artículo 56.3, consagra respecto del Rey.

    No tiene en cuenta este razonamiento la técnica del refrendo, que traslada la responsabilidad desde el Rey a la persona que lo refrenda. Y es precisamente en virtud del traslado de la responsabilidad que produce el refrendo, para todos los actos del Rey, excepto para los establecidos en el artículo 65.2 CE, junto con una interpretación sistemática de los artículos 9.3 y 56.3 CE, una de las vías por donde surge la responsabilidad política del Gobierno y la posibilidad de control parlamentario.

    Surge también esta responsabilidad y paralelamente la posibilidad de control parlamentario del principio democrático del Estado que proclama nuestra Carta Magna (artículo 1, apartados 1º, 2º y 3º, artículos 23, 66 y ss…), auténtico principio originario del sistema, con arreglo al cual deben interpretarse todas las instituciones constitucionales.

    Este principio democrático se expresa, respecto del asunto que nos ocupa, de dos maneras: en la aprobación por las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado en los que se establece la asignación para la Corona y en el control por el Parlamento de la gestión política del Gobierno. Respecto a la primera de ellas está expresamente previsto en el artículo 65.1 CE el sostenimiento de la institución monárquica con cargo a los presupuestos; respecto a la segunda el vínculo que une la institución monárquica con el principio democrático se contiene en la legitimación que alcanza la monarquía española del pueblo soberano organizado en poder constituyente en 1978, de quien obtiene todos sus poderes y privilegios, así como su configuración constitucional como órgano constitucional del Estado social y democrático de derecho que se instaura.

    En virtud de ello podrá el Parlamento ejercer la función de control democrático de la Corona (con respeto de sus privilegios) a través del Gobierno, en cuanto órgano al que la Constitución encarga el refrendo de los actos del Rey y en cuanto órgano que propone al Parlamento la dotación anual para el sostenimiento de la Familia y la Casa Real, así como el control del Gobierno, sin que por ello este control invada el privilegio de responsabilidad e inviolabilidad del Rey como pretende la Mesa de la Cámara con su razonamiento.

    El segundo de los límites al que se hacía referencia en el párrafo primero de este Fundamento y que no puede soslayar la Mesa a la hora de efectuar el examen de las iniciativas que se presentan por los Diputados es el que establece el propio Reglamento de la Cámara en su artículo 186, al disponer en su párrafo 2º que no serán admitidas preguntas de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra persona singularizada, ni aquéllas que supongan consulta de índole estrictamente jurídica. Resulta patente y palmario del propio enunciado de las preguntas formuladas que las mismas no incurren en aquella prohibición.

    Al no existir vulneración ni de los límites derivados de la Constitución ni del bloque de la constitucionalidad, como así tampoco del propio Reglamento de la Cámara, la Mesa con la inadmisión a trámite de las preguntas está trasladando a su favor una facultad (el juicio de oportunidad política sobre las preguntas formuladas) que tiene atribuida el Gobierno. Con este acuerdo irrazonable por arbitrario, basado en una consideración genérica sin concreción alguna respecto a los motivos que apoyan su razonamiento, la Mesa excede de su «función jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia, precisamente como tal foro de debate y participación en la cosa pública» (STC 203/2001, de 15 de octubre), actuación que desconoce el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 23 CE, apartados 1º y 2º del recurrente en amparo y cuyo reestablecimiento exige la tramitación de las preguntas inadmitidas si en dicho momento concurren los requisitos necesarios para ello.

    En virtud de lo anteriormente establecido,

    SUPLICO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tenga por presentado este escrito y documentación acompañada, por formulado en tiempo y forma recurso de amparo y, en su virtud, previos los trámites procesales oportunos dicte en su día sentencia estimando íntegramente el presente recurso de amparo electoral: 1.º) reconociendo que se ha lesionado el derecho del recurrente en amparo reconocido en el artículo 23.2 CE, en su dimensión del derecho al ejercicio de su función parlamentaria de control de la acción del Gobierno a través del derecho a formular preguntas; 2.º) lo restablezca en su derecho y a tal fin anule los Acuerdos de la Mesa del Congreso de 8 de mayo y 5 de junio de 2007 por los que se acuerda no admitir a trámite y rechazar la reconsideración de las preguntas formuladas en el Expte. 184/119629/0000; 3.º) Restablecer al demandante de amparo en la plenitud de su derecho mediante la declaración de que procede que se lleve a efecto la tramitación de las preguntas inadmitidas por la Mesa del Congreso, si concurrieran en el momento de dictar sentencia los requisitos necesarios para ello. Por ser de Justicia que pido en Madrid a 6 de septiembre de 2007.

  • Opinión: Sen y el desarrollo rural

    JOAQUIN ARCE – EL COMERCIO

    AMARTYA Sen (India, 1933), Premio Nobel de Economía en 1998, ha estudiado de forma brillante la relación entre desarrollo económico y libertad, entre nuestra riqueza y nuestra capacidad de vivir según nuestros deseos. Sen señala que la calidad de nuestras vidas no debe medirse por el PIB, la acumulación de capital físico o el cambio […]

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  • ¡Ojo a las abejas!

    DAVID HAMMERSTEIN, eurodiputado de Los Verdes.

    Conviene recordar la sabiduría contenida en algo que Albert Einstein dijo una vez: “si las abejas comenzaran a desaparecer, a la humanidad le quedaría pocos años de vida.” Es inquietante el hecho de que en el mundo entero las colmenas están quedando vacías y las abejas están desapareciendo progresivamente, y […]

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  • Jóvenes Verdes considera escandalosa la situación laboral de los jóvenes en Europa y España

    La Comisión Europea ha presentado hoy datos estadísticos sobre los jóvenes y el trabajo, que sitúan a la población de entre 15 y 30 años en la más absoluta precariedad. Según la información presentada, hasta el 40% de los parados europeos tienen menos de 30 años. En España, más del 18% de los jóvenes entre 15 y 24 años están en paro.El Comisario Jan Figel, que ha presentado los datos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo este miércoles 4 de septiembre, ha destacado que la migración acrecentará en años venideros los riesgos de marginalidad.

    Jóvenes Verdes considera absolutamente inaceptable esta situación. Las recetas económicas actuales basadas en la competencia a ultranza y la predación de la naturaleza hipotecan el futuro de la juventud europea y española, restrigiendo sus capacidades en vez de abrirle el camino de la emancipación y la autonomía.

    En referencia a la noticia, Carolina López, co-coordinadora de Jóvenes Verdes, ha declarado: «Es absolutamente intolerable que nuestras sociedades castiguen así a su juventud. La Comisión Europea debe exigir a los países miembros que refuercen los programas educativos de los jóvenes en la economía verde y en las nuevas tecnologías, ya que serán factores centrales en el mercado laboral del futuro, el de la sostenibilidad. Además, pedimos que el esfuerzo se centre más en la educación de públicos sensibles como las mujeres, los migrantes y las minorías.»

    En palabras de Florent Marcellesi, co-coordinador de Jóvenes Verdes: «Para conseguir una verdadera autonomía de los jóvenes en su vida y su total libertad de elección laboral, luchamos por la instauración de una renta básica, incondicional y universal en Europa y España. Frente al aumento de los contratos basura y para reorientar la economía hacia actividades ecológicas, la renta básica es sin duda el nuevo camino de una sociedad solidaria y ecológica. Ya no queremos oir el «No future» anclado en la mente de tantos jóvenes: seamos realistas y ¡pidamos lo imposible!»

  • Los Verdes d´Asturies celebren el día d´Asturies na Pola L.lena

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  • Los Verdes denuncia la información de un transmutador de residuos nucleares y pregunta al Gobierno

    El diputado de Los Verdes, Francisco Garrido, ha preguntado al Gobierno sobre la noticia de la construcción, en el CIEMAT, de un transmutador de residuos nucleares.

    Garrido considera que esta información pretende dar una «falsa esperanza» – por ser sólo una hipótesis en fase de investigación básica -, en un momento de rechazo social al Almacén Temporal Centralizado. Según el diputado, estas afirmaciones son «temerarias y demagógicas», y denuncia que el CIEMAT, un organismo público dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, muestre su cooperación con los intereses de la industria nuclear, obviando el Programa Electoral conjunto del PSOE y Los Verdes de las elecciones generales de 2004 – que aboga por el fin de la energía nuclear en España – y contradiciendo el programa de desnuclearización presentado por el Presidente del Gobierno.

    LOS VERDES

    ________________________________________________

    A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

    PREGUNTA AL GOBIERNO RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN , EN EL CIEMAT, DE UN REACTOR NUCLEAR TRANSMUTADOR DE RESIDUOS NUCLEARES

    MOTIVACIÓN :

    El CIEMAT ha anunciado, recientemente, la construcción de un reactor nuclear cuya función no será generar electricidad, sino el tratamiento de residuos nucleares para su estabilización y transmutación. Esta información supone un apoyo al desarrollo de la energía nuclear, en cuanto se está publicitando una hipótesis en fase de investigación básica, como si de una tecnología viable y contrastada se tratara. Esta información, a todas luces temeraria y demagógica, aparece en un momento en el que aumenta el rechazo social al ATC (Almacén Temporal Centralizado). Que un organismo dependiente del Ministerio de Educación, como es el CIEMAT, genere esta falsa esperanza en la solución definitiva, y casi mágica, de solución del problema de los residuos nucleares, indica una fraudulenta cooperación de este organismo público con los intereses y campañas de la industria nuclear. Esta cooperación es abiertamente contraria al Programa Electoral conjunto del PSOE y Los Verdes, presentado a las Elecciones Generales del 2004, que aboga por el fin de la energía nuclear en España.

    Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:

    1. ¿El supuesto reactor nuclear transmutador no es sólo una tecnología en fase de investigación básica?

    2. ¿Por qué se presenta públicamente como una alternativa verificada, viable y segura al problema de los residuos nucleares?

    3. ¿Conoce, el Ministerio de Educación y Ciencia, la existencia de proyectos anteriores, de este mismo tipo, que fracasaron, como el Phoenix en Francia, con graves incidentes en su puesta en funcionamiento?

    4. ¿Cómo es posible que, a los riesgos inherentes al ATC, se quieran ahora añadir los derivados del reactor transmutador?

    5. ¿Considera que la posición apologista de la energía nuclear del Director del CIEMAT es compatible con el programa de desnuclearización presentado por el Presidente del Gobierno?

    6. ¿No entiende, el Gobierno, que añadir al ATC el reactor transmutador convierte a la población, donde se ubique el ATC, en una zona de experimentación nuclear?

    En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 5 de septiembre de 2007

    EL DIPUTADO:

    Francisco Garrido Peña

  • ¿Comer o conducir?

    La agricultura sostenible puede alimentar al mundo pero no puede llenar los depósitos de nuestros coches.

    Decálogo elaborado por el eurodiputado de Los Verdes DAVID HAMMERSTEIN.

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  • Los Verdes presentan alegaciones a la solicitud de descatalogación de Langreo como Zona Contaminada

    Las alegaciones del partido ecologista se basan en varios puntos entre los que destacan:

    1. El trámite no es válido al gestionarse en base a un Real Decreto derogado.
    2. El estudio medioambiental presentado es manifiestamente insuficiente.
    3. Oposición de organizaciones ecologistas y ambientales.
    4. Los niveles de contaminación son muy altos, según los datos de la Red de Calidad de Aire del Principado de Asturias.
    5. Situaciones de emergencia.

    El pasado 3 de agosto aparecía publicado en el BOPA el anuncio de información pública del expediente de cesación de la declaración de Zona de Atmósfera Contaminada del término municipal de Langreo. Ante esta solicitud, desde la asamblea del Nalón de Los Verdes de Asturias hemos elaborado una serie de alegaciones en las que solicitamos que sea rechazada la solicitud. Las alegaciones, que adjuntamos al final del documento, se basan en varios puntos, entre los que destacan:
    1. El trámite no es válido al gestionarse en base a un Real Decreto derogado.

    El Real Decreto 1073/2002 de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, indica que quedan derogadas entre otras, el Real Decreto 1613/1985.

    Por lo tanto, entendemos que este expediente no puede ser tramitado en base a este Real Decreto, ya que ha sido derogado y en consecuencia el trámite no es válido.

    2. El estudio medioambiental presentado es manifiestamente insuficiente.

    La cesación de la declaración de la Zona de Atmósfera Contaminada no se ve justificada en modo alguno, según la documentación expuesta a información pública. Se echa en falta, tal y como requiere el actual marco legal, los plazos y medidas a adoptar para corregir la contaminación atmosférica, así como el programa de inversiones.

    Al no presentar toda la información que requiere la actual legislación en el documento expuesto a información pública, entendemos que el trámite queda invalidado.

    3. Oposición de organizaciones ecologistas y ambientales.

    Ha habido una movilización masiva y unánime de todas las organizaciones ecologistas y ambientales, desde que se conoció la solicitud. La tramitación del proyecto ha dado poco lugar al debate ciudadano. La administración municipal y autonómica debería haber tomado la iniciativa de favorecer el debate público sobre la solicitud.

    4. Los niveles de contaminación son muy altos, según los datos de la Red Automática de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias.

    Del análisis de los datos proporcionados por la Red Automática de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire se puede concluir que no han desaparecido los fundamentos necesarios que propiciaron la declaración de zona de atmósfera contaminada y que las medidas correctoras han sido insuficientes. Los niveles de contaminación del aire del municipio del último año, así como de los anteriores, son muy altos en todas las estaciones.

    Actualmente persisten concentraciones elevadas de contaminantes, como los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión, así como episodios de contaminación por ozono troposférico en periodo estival. En consecuencia la calidad de aire del concejo debe ser considerada como mala y por tanto no procede la cesación de zona contaminada.

    5. Situación de emergencia debido al incendio en el Pozo Maria Luisa.

    Aunque desafortunado, entendemos que incidentes como el sucedido el pasado 13 de Abril en el Pozo Maria Luisa no están descartados, dado que las grandes industrias están muy cerca de la población del concejo y en cualquier momento puede suceder una situación similar. Por lo tanto, se debe desarrollar un Plan de Emergencias y Evacuación que complemente al Plan de Saneamiento Atmosférico.

    Dado que se ha producido esta situación de emergencia, entendemos que la cesación de zona contaminada debe ser rechazada.

    En Langreo, a 3 de Septiembre de 2007

    ___________________________________

    ALEGACIONES

    D/Dña XXXX, mayor de edad, con DNI XXXX y domicilio a efectos de notificaciones en XXX, Calle XXX, en nombre y representación de (Los Verdes de Asturias – Los Verdes d´Asturies), con NIF XXX, comparezco y DIGO:

    Que, en el periodo de información pública del expediente solicitando la cesación de la declaración de la Zona de Atmósfera Contaminada del término municipal de Langreo, procedo a realizar las siguiente ALEGACIONES:

    PRIMERA

    El trámite no es válido al gestionarse en base a un Real Decreto derogado.

    El Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre (BOE 260 de 30 de octubre de 2002), sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, en el apartado 1 de la “DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA”, indica que quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el mismo y, en particular, entre otras, el Real Decreto 1613/1985.

    Por lo tanto, entendemos que este expediente no puede ser tramitado en base al Real Decreto 1613/1985, ya que ha sido derogado. Así mismo, creemos que el plazo de exposición pública es insuficiente dada la relevancia de la solicitud.

    SEGUNDA

    El estudio medioambiental presentado es manifiestamente insuficiente.

    Consideramos que la cesación de la declaración de la Zona de Atmósfera Contaminada no se ve justificada en modo alguno, según la documentación expuesta a información pública.

    Las propuestas realizadas por las empresas obedecen a las obligaciones legales a las que están sujetas y al cumplimiento de diversos compromisos medioambientales (Protocolo de Kyoto, Agenda local 21, etc.)

    Además, el informe presentado no expone el grado de cumplimiento de la normativa sobre la calidad del aire en el entorno de los grandes centros industriales del concejo. Recordamos que las grandes industrias (y en particular determinadas centrales térmicas) están obligadas, según el artículo 73 del Decreto 833/1975 y la Orden de 25 de Junio de 1984 a instalar en su entorno una red de sensores para medir las inmisiones de partículas, SO2 y NOx.

    Se echa en falta, tal y como requiere el actual marco legal, una descripción pormenorizada de la naturaleza, origen y evolución de la contaminación atmosférica, las medidas a adoptar para corregirla, los procedimientos técnicos y plazos para poner dichas medidas en práctica, así como el correspondiente programa de inversiones. Sirva como ejemplo de esta falta de información los siguientes ejemplos:

    • Falta coste en áreas importantes como Educación Ambiental (se dice textualmente “las actuaciones se irán presupuestando en función del desarrollo de los distintos programas”) y políticas de transporte (únicamente se cita “coste a concretar”).
    • No se adjunta el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en el que se acuerda iniciar el expediente de cesación como zona contaminada. (RD 1613/1985, artículo 6.4).

    Al no presentar toda la información que requiere la actual legislación en el documento expuesto a información pública, entendemos que el trámite queda invalidado.

    TERCERA

    Oposición de organizaciones ecologistas y ambientales.

    Ha habido una movilización masiva y unánime de todas las organizaciones ecologistas y ambientales, desde que se conoció la solicitud. La Ley 27/2006 obliga a tener en cuenta la participación de los vecinos por los proyectos que afecten su medio ambiente, cosa que no se hace en este caso.

    La tramitación del proyecto ha dado poco lugar al debate ciudadano. La administración municipal y autonómica debería haber tomado la iniciativa de favorecer el debate público sobre la solicitud.

    Langreo dispone de un órgano consultivo y de participación de asociaciones y ciudadanos, denominado “Foro de Medio Ambiente de Langreo“. Este foro es un lugar de debate y discusión para la conservación, defensa y protección del medio ambiente natural y urbano del Concejo de Langreo. Dado que el Foro no ha sido convocado, ni se ha tomado en consideración la opinión de las asociaciones y ciudadanos el trámite queda anulado (Convenio de Aarhus, publicado en el BOE de 16-2-2005, Directiva 2001/42).

    CUARTA

    Niveles de contaminación, según los datos de la Red Automática de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias.

    Del análisis de los datos proporcionados por la Red Automática de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire se puede concluir que no han desaparecido los fundamentos necesarios que propiciaron la declaración de zona de atmósfera contaminada y que las medidas correctoras han sido insuficientes.

    Los niveles de contaminación del aire del municipio del último año, así como de los anteriores, son muy altos no solo en las estaciones de Meriñan y Sama, este año también destaca los valores de La Felguera, según los datos facilitados por el Principado de Asturias, de las estaciones de medición de contaminantes atmosféricos del ejercicio 2006. De acuerdo a la normativa en vigor recogida en la Directiva 1999/6962 publicada en el BOE 260 del 30-10-2002, se incumplieron los valores en los siguientes casos:

    – En Partículas en Suspensión (PM10) se superaron los niveles de protección a la salud en 236 días del año, este nivel esta en 50 ug/m3 no pudiendo superarse mas de 35 veces por año , con lo cual se superaron en mas de 201 días. Siendo el valor medio anual de este contaminante de 62 ug/m3 por encima de los 40ug/m3 de valor limite anual de protección a la salud. Es de destacar el valor máximo horario fue de 768 ug/m3 lo que representa un valor 19 veces superior al limite.
    Además, según los datos del histórico del propio expediente – Anexo PST, se incumplieron los valores:

    Estación de Sama, por encima del valor límite los años 2003, 2004 y 2005.

    Estación de Meriñan, por encima del valor límite los años 2003, 2004 y 2005.

    Estación de La Felguera, por encima del valor límite en el año 2003.

    – En Óxidos de Nitrógeno, Se supero todo el año el límite anual de protección a la vegetación que esta en 30 ug/m3 en el NOx, al tener una media anual de 46 ug/m3.

    Aunque la contaminación debida al dióxido de azufre y a materia sedimentable fue uno de los factores determinantes para la declaración de Langreo como zona contaminada, no fue la única. La presencia de partículas en suspensión también fue uno de los factores más importantes para esta declaración. Actualmente persisten concentraciones elevadas de contaminantes, como los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión, así como episodios de contaminación por ozono troposférico en periodo estival. En consecuencia la calidad de aire del concejo debe ser considerada como mala y por tanto no procede la cesación de zona contaminada.

    QUINTA

    Situación de emergencia: superación del umbral sanitario, cientos de intoxicados y evacuados.

    El pasado 13 de Abril de 2007 se produjo un desafortunado incendio en el Pozo Maria Luisa (cerca de los distritos de Ciañu y Sama). Debido a este incendio y a la nube tóxica que se formó, fueron desalojadas temporalmente más de 700 personas, más de 130 fueron atendidas por intoxicaciones respiratorias y cerca de medio centenar tuvieron que ser hospitalizadas. Durante ese día se superó el umbral sanitario y se activó la situación de emergencia por parte de Protección Civil – 112 Asturias.

    Aunque desafortunado, entendemos que incidentes como el sucedido no están descartados, dado que las grandes industrias están muy cerca de la población del concejo y en cualquier momento puede suceder una situación similar. Por lo tanto, se debe desarrollar un Plan de Emergencias y Evacuación frente a situaciones de emergencia que complemente al Plan de Saneamiento Atmosférico.

    Dado que se ha producido esta situación de emergencia, entendemos que la cesación de zona contaminada debe ser rechazada.

    En virtud de lo expuesto SOLICITO que teniendo por presentadas estas alegaciones se acuerde desechar la solicitud de cesación de la declaración de Langreo como Zona de Atmósfera Contaminada (ZAC).

    En Langreo, a 3 de Septiembre de 2007.

  • Los Verdes piden una comisión de investigación en el Congreso por el atlas del cáncer y que Narbona y Soria den explicaciones

    Acusa a Salud de parecer representante de las químicas y compara su actitud con las tabaqueras cuando negaban la relación con el cáncer.

    El diputado de Los Verdes en el Congreso, Francisco Garrido, anunció hoy que su formación ha planteado en las Cortes una batería de medidas relacionadas con los datos contenidos en el primer Atlas Municipal de Mortalidad por Cáncer en España –que sitúa a las provincias occidentales de la comunidad a la cabeza muchos tipos de tumores–, entre las que se encuentran la solicitud de crear una comisión de investigación y la comparecencia de los ministros de Sanidad y Medio Ambiente, Bernat Soria y Cristina Narbona, respectivamente.

    En declaraciones a Europa Press, Garrido consideró necesario que ambos responsables políticos expliquen en el Congreso «qué medidas piensan tomar ante el reciente estudio, que muestra una correlación muy fuerte entre la contaminación y el cáncer». Además, mediante una proposición no de ley ha pedido en la Cámara Baja una comisión de investigación y ha planteado «la necesidad de poner en marcha un plan estatal de salud ambiental que aborde estas nuevas fuentes de mortalidad».

    De igual modo, su formación planteará preguntas parlamentarias a los dos Ministerios para conocer qué acciones va a tomar el Gobierno y qué opina sobre esa relación que pone en evidencia el atlas.

    En este sentido, Garrido hizo una «reflexión muy crítica» sobre la actitud de la Junta de Andalucía y, concretamente, de la Consejería de Salud que, según dijo, «se ha dedicado a ocultar los datos y a tergiversarlos, buscando resquicios metodológicos para que no parezca real la relación entre contaminación y cáncer».

    Asimismo, recordó que «son muchos los estudios que han concluido en la misma tesis, y la Junta sólo inventa teorías como decir que las altas tasas de cáncer se deben al tabaco o a la pobreza de hace años, como si en Huelva y Cádiz se hubiera sido más pobre o fumado más que en las Alpujarras, por ejemplo».

    En su opinión, la Consejería de Salud «se está comportando como la representante de las industrias químicas y está actuando como hacían las empresas tabaqueras cuando se publicaban estudios que relacionaban el cáncer con el tabaco y las compañías no paraban de decir que no eran concluyentes».

    Por ello, Garrido pidió al presidente andaluz, Manuel Chaves, «que asuma el grave problema de salud pública y que tome medidas para que esto no vuela a ocurrir dentro de 20 años en otras zonas, mediante la elaboración de un plan preventivo y un programa de reconversión industrial para Cádiz y Huelva». A juicio del diputado de Los Verdes, también es necesaria «una restricción de las actividades que provocan el problema».

    POSIBLE DEMANDA CIVIL.

    En esta línea, reprochó que la Junta «lleva ocho años sin sacar adelante el Observatorio de la Salud Ambiental que el PSOE llevaba en su programa, por lo que también en el Parlamento regional solicitará «que se apruebe ya el Plan de Salud Ambiental y el citado observatorio», a fin de que «se limiten los niveles de contaminación atmosférica y vertidos».

    Al margen, apuntó la posibilidad de que se elabore y plantee una demanda civil contra las empresas responsables de esta contaminación, «que han ganado mucho dinero a costa de la salud de ciudadanos». No obstante, subrayó que la Junta «moralmente lo tendría difícil para tomar esta medida, porque ha sido cómplice», por lo que la iniciativa podría salir de los propios afectados.

    Europa Press

  • El incendiómetro de WWF/Adena sitúa a Asturias como la cuarta comunidad más vulnerable a los efectos del fuego

    WWF/Adena analiza la vulnerabilidad de las Comunidades Autónomas ante los incendios forestales. Asturias figura como la cuarta zona con mayor riesgo de sufrir los efectos del fuego.

    Puedes leer el estudio realizado por WWF/Adena sobre Asturias pinchando aquí.

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