Los Verdes de Asturias recurre la autorización de la regasificadora

El partido político ecopacifista Los Verdes de Asturias ha interpuesto Recurso de Alzada contra la Autorización por el Ministerio de Industria de la construcción de la regasificadora en el Puerto de El Musel. A lo largo de 19 folios de recurso se enumeran hasta veinticinco razones para que se revoque esa autorización.
Así, se sostiene que las razones que se exponen en la Resolución recurrida para conceder la autorización no se corresponden con la realidad del sistema energético español y asturiano y contradicen la planificación del Ministerio en cuanto a la instalación de nueva producción eléctrica. En concreto, se expone que no es necesario aumentar la entrada de gas natural a la cornisa cantábrico cuando ya existen dos regasificadoras en Ferrol y Bilbao que sólo operan al 30% y 55% de su capacidad y podrían cubrir la demanda de todas los ciclos combinados propuestos por la industria. Que esas regasificadoras y la red de gasoductos existentes ya garantizan el suministro. Que el incremento de la producción energética en Asturias no va a permitir su desarrollo, sino todo lo contrario: Asturias exporta el 30% de la energía que produce y lo que necesita no son más plantas de producción energética, que son industrias con poco valor añadido, crean poco empleo, ocupan mucho terreno y requieren mucho capital que se podría destinar a otros usos más productivos y creadores de empleo y pertenecen a empresas que tributan fuera de Asturias; las regiones excedentarias en producción eléctrica son las menos desarrolladas (Asturias, Galicia, León y Extremadura) mientras las deficitarias son las más activas (Cataluña, Valencia, Madrid, País Vasco), lo que demuestra el coste de oportunidad de centrarse en la producción eléctrica. De hecho, el propio Ministerio de Industria recomienda que las nuevas centrales se construyan en las comunidades de producción deficitaria. Es más, la regasificadora sólo se incorporó a las previsiones de planificación de las redes de transporte de la energía por la presión del lobby energético y constructor en contra del informe de la propia Comisión Nacional de la Energía.
Por otro lado, la regasificadora y el resto de proyectos a que está ligada (centrales de ciclo combinado, líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas, nuevo gaseoducto) contravienen los planes de reducción de la contaminación atmosférica y de emisión de gases de efecto invernadero. El gas natural o metano tiene un elevado efecto invernadero y además se emitirán otros contaminantes que empeorarán la situación del centro de Asturias, en que ya se superan habitualmente los límites legales de diversos contaminantes, lo que lleva a que los índices de cáncer se encuentren entre los más elevados de España. Hay que recordar que España se excede con mucho de su cuota de emisión de gases con efecto invernadero y con estos proyectos se empeorará la sustitución, ya que no sustituyen otras centrales más antiguas sino que se adicionan a ellas.
Se denuncian también numerosas deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental encargado por la empresa promotora, Enagás. Así, incumple la obligación legal de estudiar las posibles alternativas (entre las que se encuentran la de no construir la regasificadora y la de situarla en alta mar, alternativa perfectamente posible en contra de lo manifestado por la empresa en cuanto que existen proyectos de ese tipo en Estados Unidos, Italia y Reino Unido). No se realizaron una serie de estudios solicitados por el Instituto Español Oceanográfico para calibrar el efecto nocivo en las aguas y especies marinas. Se elude estudiar el impacto global de todas las instalaciones relacionadas con la regasificadora, pese a ordenarlo así la Directiva 2001/42. Se tiene en cuenta el impacto ambiental de la regasificadora aisladamente, como si no estuviese próxima a otras instalaciones industriales, cuyos efectos conjuntos pueden dar lugar a que se superen niveles legales de ruido y contaminantes o a perjuicios inasumibles para especies y hábitats naturales. No se valora en su justa medida el impacto paisajístico, pese a que estará situada frente a las playas de Gijón y Carreño, y en cambio se aduce que se integra en un espacio ya degradado por existir otras instalaciones industriales. No se evalúa el grado de aceptación por la población local, precisamente por ser conocida la oposición que plantas de este tipo han provocado en otros lugares de España, Estados Unidos y Europa, hasta el punto de que las movilizaciones populares han consegido parar varios proyectos. Se falsean los datos sobre el estado de la contaminación en Gijón, negando que se superen los niveles legales, cuando es habitual que esto ocurra en cuenta a las partículas en suspensión PM10 y los óxidos nitrosos, contaminantes que emitirá la regasificadora y los ciclos combinados asociados a ella. No se evalúa adecuadamente el ruido que producirán, que superará los límites legales al asociarse a otras instalaciones próximas. Se consideran unos supuestos impactos positivos en la economía y para la sociedad totalmente artificiosos: la instalación de una regasificadora no promueve otras actividades económicas sino todo lo contrario: tiene un coste de oportunidad enorme por la gran extensión de suelo que ocupa que se podría dedicar a otros usos más rentables, porque crea un gran riesgo de siniestro que hará que otras empresas no quieran instalarse en sus proximidades, por la contaminación que originará y porque va a tener un efecto devastador sobre el turismo; además, la empresa promotora no tributará en Asturias y sus proveedores no se puede garantizar que sean asturianos, ya que es obligada la libre competencia, y lo habitual es que sean multinacionales. Además, es ilegal compensar todos los numerosos impactos negativos sobre el medio ambiente que se reconocen en el EIA con supuestos efectos positivos en la economía.
Se incumplen también varias normas relativas a la seguridad de estos proyectos. No se tiene en cuenta que un eventual siniestro alcanzaría un radio de varios kilómetros, circunstancia agravada por la presencia en las proximidades de depósitos de gas y petróleo y de un ciclo combinado (lo que crearía un efecto dominó que se elude considerar pese a estar previsto legalmente), por lo que se verían afectados no sólo las pequeñas poblaciones próximas al Musel, algunas a menos de los 2.000 metros que requiere el Reglamento de actividades molestas, nocivas y peligrosas (cuya derogación por el Principado no puede considerarse válida a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo) sino una gran parte de Gijón. En la autorización simplemente se indica que la empresa tendrá que presentar informes y planes de seguridad, en lugar de considerar ya la posibilidad de que esos planes nunca puedan garantizar los estándares legales de seguridad. El riesgo para muchos miles de vecinos de Gijón y Carreño es despreciable para las autoridades y empresa, que sólo miran el negocio.
Además se incumple la normativa sobre participación del público en materia de medio ambiente, ya que ésta no puede limitarse según el Convenio de Aarhus, dos directivas europeas y una Ley nacional a la presentación de alegaciones que sistemáticamente se desestiman, sino que hay que tener en cuenta su opinión desde que empieza a considerarse si el proyecto es o no viable y aceptable.
Otro incumplimiento es que el proyecto es incompatible con el plan urbanístico de Gijón, ya que se ocupará suelo portuario, destinado a infraestructuras de transporte, y sólo podría ocupar suelo industrial. Se infringen también las Directrices de Ordenación del Territorio del Principado, que buscan proteger el litoral y mejorar y recuperar su carácter natural, evitando que se ocupe con instalaciones industriales e incluso viviendas.
Además, se ha eludido por un artificio legal fraudulento tramitar la autorización ambiental integrada.
En definitiva, Los Verdes de Asturias consideran que con este proyecto sólo se pretende favorecer a la industria energética y constructora, con total desprecio a la racionalidad económica, la seguridad y la salud de los asturianos y a la normativa y directrices del propio Ministerio de Industria y del Principado, así como alas obligaciones asumidas incluso internacionalmente para reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases con efecto invernadero. La crisis económica y ecológica no se combate destinando suelo y grandes sumas de capital a empresas sin valor añadido, ineficientes y que apenas crean empleo, sino destinándolo a otros proyectos con más rentabilidad social, ecológica y laboral. Y advierten que el coste desmesurado de todos estos proyectos energéticos, que ya han dado lugar a una sobrecapacidad de producción que mantiene varias centrales paradas, lo pagamos todos a través de la tarifa de la luz, que se va a ver incrementada sustancialmente en los próximos años.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2009.

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