Opinión: Un año duro

DE confirmarse las expectativas de crecimiento recogidas en los planes urbanísticos actuales de muchos municipios españoles, para el año 2016 podría haberse incrementado entre un 30 a un 40% la superficie de suelo urbanizado en España y se habrían construido más de veinte millones de nuevas residencias. En algunas zonas del interior o de la costa, este aumento de suelo urbano podría ser de más del 100%. Una auténtica locura que hay que frenar. Unido al crecimiento del suelo urbano va aparejado el despliegue de nuevas infraestructuras de comunicación y de densidad del tráfico privado. Dicho crecimiento del transporte y del tráfico privado ha sido durante el 2006 la amenaza fundamental contra la biodiversidad.

Estos últimos cinco años, pero especialmente en 2006, se ha invertido la tendencia en la demanda de consumo de agua de la agricultura al medio urbano. Entre el 2004 y el 2006, el consumo urbano ha crecido más de un 3% en el total de demanda hídrica en España, en detrimento de la agricultura (la gran consumidora de este recurso). De hecho, es el consumo urbano el que muestra la tendencia más ineficiente en el consumo de agua de todos los sectores. En el 2006 se ha confirmado la tendencia al crecimiento de residuos urbanos interanual, fijado un 3%, y se ha llegado a cerca de 600 kilogramos por persona y año. Por otro lado, la construcción es la responsable de que se haya quebrado, a partir del 2003, la tendencia a la disminución de la producción de residuos industriales, de tal modo que desde 2003 y hasta 2006 ha crecido por encima del 2% interanual.

Este modelo urbanístico viene unido a abundantes episodios de corrupción política que están minando las bases de una institución tan importante para la democracia y la gestión sostenible del territorio como son los ayuntamientos. En demasiadas ocasiones, tras el ladrillo se encuentra el maletín y tras la recalificación urbanística, el soborno político.

Durante 2006 se han disparado los casos de corrupción urbanística, pero también las denuncias y los procedimientos judiciales. Millones de ciudadanos y ciudadanas, organizados en plataformas cívicas o expresándose como opinión pública, están denunciando y rechazando este ‘estado de sitio urbanístico’ en el que vivimos: el asalto al patrimonio natural y cultural por parte de las mafias económicas y políticas del ladrillo. En esta dinámica, donde se unen corrupción y especulación urbana, es difícil diferenciar en muchas ocasiones el color político de cada ayuntamiento. El proyecto de ley del Suelo que se va a discutir en el Congreso de los Diputados en este 2007 -de no modificarse sustancialmente la redacción actual- va a ser una magnífica oportunidad perdida de limitar y racionalizar el crecimiento y el modelo urbanístico insostenible del momento presente.

Las reformas de los estatutos de autonomía emprendidas hasta la fecha (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares) no han añadido nada importante, tanto en materia de control urbanístico como de políticas ambientales. Las reformas estatutarias realizadas hasta el momento han supuesto una oportunidad perdida para avanzar en la modernización ecológica de la Administración y la política autonómica española. La importancia de esto hay que verla en el marco de unas comunidades autónomas que tienen transferidas gran parte de la gestión de las políticas ambientales, urbanísticas y territoriales del Estado español.

Las comunidades autónomas de Valencia, Baleares, Andalucía, Madrid, Canarias, Murcia, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las que se encuentran peor situadas en lo tocante a las políticas urbanísticas y su relación con la especulación y la corrupción. Cuando le toque a Asturias su reforma estaremos atentos.

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