La Coordinadora Verde propone destinar un porcentaje del PIB a la mejora de la Administración de Justicia.

El grupo de trabajo sobre Administración y Justicia de la Coordinadora Verde propone que en los Presupuestos Generales de Estado se destine una dotación presupuestaria mínima para la Administración de Justicia que, según la coportavoz de dicha organización ecologista Sonia Ortiga, “debería oscilar entre el 0,3 y el 0,5 por ciento del PIB, durante un período mínimo de ocho años, trascurrido el cual se valoraría la necesidad de continuar realizando dicho esfuerzo presupuestario”.

Para Ortiga, “la Justicia es el último baluarte de los ciudadanos frente a delitos y abusos y necesita contar con los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios para que este servicio público esencial pueda desempeñar su función garante en y del Estado de Derecho”

El coportavoz Florent Marcellesi, por su parte, explica: “Lo que queremos conseguir es que en nuestro país se consiga el nivel mínimo de prestación de servicios públicos de Justicia exigible a los países miembros de la Unión Europea. Si se quiere mejorar la capacidad de España de garantizar los derechos fundamentales y las salvaguardas procesales mínimas, es imprescindible conseguir un progreso sustancial en los medios con los que cuenta la Administración de Justicia. Conseguir esos objetivos, así como los de los Programas de La Haya y de Estocolmo en materia de libertad, seguridad y justicia y avanzar hacia la consecución de una Justicia respetuosa del medio ambiente en sus prácticas y protectora del mismo, significará avanzar en el modelo europeo de sociedad, del que la Justicia es uno de sus valores fundamentales”.

La organización ecologista señala que el Plan de Modernización de la Justicia aprobado por el Gobierno no acabará con el atasco judicial, ya que el retraso más importante no se encuentra en las apelaciones sino en la primera instancia, como ponen de manifiesto los propios datos del Consejo del Poder Judicial, por lo que se hace necesaria una política de más largo recorrido. Las medidas que pretende adoptar el Gobierno sólo son un parche que no resuelve el problema de falta de medios que tiene la Justicia en España. El plan aprobado mantiene a España alejada de la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes, del cumplimiento de los objetivos previstos en los planes europeos en materia de Justicia y esconde un recorte de derechos. Un dato a recordar es que del total de jueces en activo, el 17% son jueces sustitutos, dato incompatible con una Justicia de calidad.

La Coordinadora Verde señala como objetivos de esta dotación presupuestaria:

– La conversión de la Administración de Justicia en un servicio público ágil, acorde con las exigencias de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, para lo que habrá que dotarla de recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados, previa implantación de planes de calidad y auditoría.
Incremento de las ratios de número de juzgados y tribunales, así como de jueces y funcionarios por habitante
Agilización de los procesos judiciales hasta que la duración de los mismos alcance los estándares mínimos acordes con las exigencias del Tratado Europeo de Derechos Humanos.
Fomento de los procesos de arbitraje, mejora de la calidad de Las sentencias en las primeras instancias y evitación de recursos innecesarios.
– Introducir en la Administración de Justicia conceptos e Instrumentos que orienten la prestación de este servicio público hacia una Justicia protectora del medio ambiente, que contemple en sus prácticas el necesario respeto del mismo.

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