En democracia se cumplen las resoluciones del Parlamento

Los Verdes de Asturias pedimos respeto y cumplimiento para las decisiones tomadas democráticamente en los órganos correspondientes y de acuerdo con las normas legales, empezando por las resoluciones del parlamento asturiano.

Nuestra posición siempre es favorable a la investigación de la gestión de las obras de ampliación del Puerto del Musel. La cámara legislativa asturiana ha decidido no abrir una comisión de investigación por mayoría minoritaria. No es nuestro planteamiento, pero lo acatamos, respetamos y haremos cumplir en todo cuanto nos competa. Exigimos el mismo respeto y cumplimiento para las demás resoluciones mayoritarias de la Junta General.

Instamos al Gobierno del Principado a cumplir las resoluciones de la Junta en relación al asunto de El Musel, tanto ésta de hoy como la de octubre de 2008 para separar de su cargo al Presidente de la Autoridad Portuaria. Para ello el Gobierno de Asturias es competente para proponer el cese y el nombramiento de otra persona en su lugar.

Las limitaciones competenciales a las comparecencias en la Junta General del Principado impedían la creación de una comisión de investigación eficaz sobre la ampliación del puerto de Gijón. Esa eficacia se puede conseguir en el propio Ministerio de Fomento o en las Cortes Españolas. Y en esta línea, pedimos una investigación en aquellas instancias que permitan la aclaración definitiva de las responsabilidades políticas y de gestión de la obra.

Está constatado que las obras de ampliación del Puerto de El Musel incumplen la normativa de contratación pública española y europea, tal como han señalado a raíz de nuestra denuncia, las Direcciones Generales competentes de la Comisión Europea.
Debido a ello la UE se ha negado a financiar las mismas con el Fondo de Cohesión. Y la actuación del Estado español ha quedado en cuestión en Europa y en una situación muy delicada para conseguir las ayudas de la UE que, en teoría, nos correspondían en el periodo 2007-2013. Este bloqueo de la situación, en nuestra opinión, se evitaría retirando el proyecto de ampliación del puerto del Fondo de Cohesión y sustituirlo por otros proyectos que cumplan con la normativa de la UE y los objetivos del Fondo.

Los responsables de la Autoridad portuaria de Gijón deben asumir su responsabilidad por los graves errores que han cometido en su desempeño, que suponen un gravísimo quebranto para las arcas públicas por su importe, y por su origen, y han ocasionado un desgaste y unas tensiones innecesarias a todas las instituciones afectadas: Ministerio de Fomento, Gobierno del Principado de Asturias, Ayuntamiento de Gijón, UE, etc., y han supuesto un coste añadido multimillonario que repercute en los administrados.

Comentario Cerrado