Opinión: Mejora pírrica para el consumidor

Mejora pírrica para el consumidor

JOSÉ ANTONIO BALLESTEROS GARRIDO/MIEMBRO DE LA MESA FEDERAL DE LOS VERDES DE ASTURIAS

El último BOE del 2006 publicó la ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, con la que se pretende corregir algunas de las desventajas o abusos con que todos nos encontramos en nuestro rol de consumidores. Todos hemos comprobado en nuestros bolsillos que ni la libre competencia ni la privatización de servicios como la telefonía han mejorado nuestra situación frente a las grandes empresas, lo que hace necesaria una intervención legislativa y administrativa que esta ley manifiesta venir a cubrir, mediante la modificación de otras leyes preexistentes, aunque veremos que se queda demasiado corta en muchos aspectos, si es que no es abiertamente contraproducente.

Entre las medidas aprobadas, podemos citar las siguientes:

La posibilidad de intervención administrativa ante situaciones de riesgo para la salud o seguridad para hacer cesar tal riesgo, incluida la retirada del mercado de los productos que ocasionen el riesgo, con todos los gastos a costa de su responsable. Una previsión que no es nueva, y de hecho ya se habían retirado productos del mercado por causas diversas.

Se amplía el ámbito de la protección frente a los abusos empresariales: antes sólo afectaba a las cláusulas contractuales abusivas, ahora también a todo tipo de prácticas, aunque no encuentren reflejo en el contrato suscrito. Una mejora que, aunque pudiera entenderse implícita en normas generales del Derecho contractual, está muy bien que se recoja expresamente, ya que permitirá una lucha efectiva contra muchas prácticas habituales en el mercado; el problema es que no se especifica ninguna, por lo que tendrán que ser los jueces los que se formen su criterio, sin ninguna orientación legal.

Se aprueba una limitada mejora en el régimen de garantía de los bienes y servicios, en cuanto que la devolución del precio en caso de resolución del contrato habrá de ser total siempre que se esté dentro del plazo de garantía.

Se introducen una serie de previsiones con el fin de garantizar que el consumidor tenga toda la documentación contractual, conozca perfectamente a qué se obliga, pueda poner fin a los contratos de servicios que se prolongan en el tiempo de forma eficaz sin tener que someterse a indemnizaciones no justificadas y a que quede constancia de sus reclamaciones a los servicios de atención al cliente. Son una serie de medidas orientadas a poner freno a algunas de las prácticas más que abusivas, indecentes, que utilizan habitualmente las compañías de telecomunicaciones.

Se modifica el régimen de las asociaciones de consumidores y se crea una Conferencia Sectorial de Consumo, para la coordinación de la política de este ámbito.

Se amplía la capacidad de los órganos competentes en materia de consumo para sancionar empresas de algunos sectores sometidos a órganos específicos cuando infrinjan normas de defensa de los consumidores (caso de bancos, aseguradoras, compañías de telecomunicaciones) y se les faculta para imponer al infractor la reparación del daño causado, mejora relevante porque hasta ahora sólo podían imponer la sanción correspondiente, pero el perjudicado tenía que reclamar judicialmente la reposición del perjuicio y la indemnización pertinente.

Se eleva a rango legal la prohibición de ciertas cláusulas que los tribunales ya habían declarado abusivas, como el redondeo al alza en hipotecas o en la tarifa de aparcamientos, llamadas telefónicas, etcétera; las que dificultan el ejercicio de derechos del consumidor o que imponen, en diversas formas, el mantenimiento del consumidor en un contrato de prestación de servicios (contratos telefónicos, asistencia técnica de ascensores…); las que imponen al comprador de viviendas nuevas la subrogación en la hipoteca del consumidor o los gastos de su cancelación, o el pago del impuesto de plusvalías (los tribunales asturianos, a diferencia de otros muchos, no consideraban abusiva esta cláusula). Hay que decir que la declaración del carácter abusivo de estas cláusulas va a ser poco efectiva: los redondeos, plusvalías o gastos de la hipoteca se sustituirán por subidas de las tarifas o precios, como ya se ha visto con la telefonía móvil y el precio de los pisos, aunque se ganará en transparencia.

Mejoras varias en el contrato de aparcamiento de vehículos.

Esta ley merece una valoración muy crítica por lo corta que se queda. Es cierto que afronta ciertos problemas muy generalizados en el mercado, como algunos de los que se presentan en el campo de las telecomunicaciones, compra de vivienda, documentación contractual, libertad de resolución del contrato, garantía de los bienes o servicios y en las facultades de los órganos de defensa de consumidores para obligar a la reparación del daño. Pero existen otros muchos abusos en otros campos que afectan en forma muy grave a los consumidores (que somos todos en las relaciones con empresas de cualquier tipo), hasta el punto de poder llevarnos a la ruina total.

Así, si es cierto que los conflictos con las compañías que proporcionan el acceso a internet o a la telefonía son muy molestos y dan lugar a grandes enfados por la prepotencia con que actúan todas ellas, no son tan graves como algunas prácticas bancarias o de aseguradoras que pueden conducir a la bancarrota de sus clientes. Desde Asturias habíamos preparado una batería de enmiendas que pretendían dar solución a los abusos más graves y comunes en materia de banca y seguros, que pueden afectar de forma definitiva al patrimonio familiar, enumerando un buen número de cláusulas y prácticas abusivas en esos y en otros campos, como el de los bienes tangibles y la financiación de servicios varios (parece mentira que después de los fiascos de la inversión en sellos y de las academias de inglés aún no se quiera regular esos sectores), y pretendíamos emplazar al Gobierno para que en el plazo de seis meses cumpliese la promesa electoral de presentar un proyecto de ley de insolvencia familiar, como el que existe en otros países europeos, necesidad acuciante en un momento en que los tipos de interés no paran de subir y las economías familiares están al límite de endeudamiento.

El diputado de Los Verdes Francisco Garrido Peña, adscrito al grupo socialista, presentó esas enmiendas, pero la dirección del grupo socialista se apresuró a retirarlas por razones no explicadas. Parece que en este, como en otros muchos campos (seguridad ciudadana, lucha contra el fraude, autonomía personal…), el Gobierno quiere presentar algunas iniciativas para mostrar a la opinión pública que actúa en las cuestiones que afectan a los ciudadanos, pero en realidad lo hace sólo cara a la galería porque falta la decisión de meterse a fondo en el meollo del problema, consultando con los especialistas en esas materias y dejándose guiar por su experiencia y las propuestas que hagan.

Y es que, más allá de la mejora de la legislación sustantiva existente, el problema definitivo a resolver es el de la defensa efectiva de los derechos reconocidos a los consumidores. De nada sirve aprobar leyes que delimiten perfectamente los derechos individuales si cuando se infrinjan el perjudicado no va a poder defenderse porque le resulta más caro y molesto hacerlo que soportar el abuso; y si los órganos encargados de velar por su cumplimiento están colapsados o convalidan cualquier excusa que presente la empresa incumplidora. La mayoría de los órganos con estas competencias (recordemos, agencias regionales de consumo, Dirección General de Seguros, Servicio de Reclamaciones del Banco de España, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Agencia de Protección de Datos, CNMV) están colapsados, carecen de medios suficientes, en algunos casos tardan más de un año en tramitar y resolver las reclamaciones y no tienen competencias para obligar al incumplidor a someterse a la ley e indemnizar al perjudicado (a partir de ahora, sí la tendrán las agencias regionales de consumo), y algunos de ellos acostumbran a limitarse en sus resoluciones a reproducir las alegaciones exculpatorias de las empresas denunciadas, por burdas que sean (algo especialmente frecuente con la CNMV y con el tema de las telecomunicaciones).

Para solucionarlo es preciso adoptar medidas administrativas eficaces e invertir dinero en ellas: hay que fomentar el asociacionismo, dar más atribuciones y financiación a las asociaciones de consumidores, al tiempo que se supervisa su funcionamiento democrático e independiente, que es un déficit muy relevante en la mayoría de ellas; hay que reformar radicalmente todos los organismos encargados de la defensa de los consumidores, dotándoles de medios materiales y personales generosos, de competencias amplias y del espíritu de servicio a la ley y al ciudadano. Y es preciso meter mano a los grandes de la economía, a bancos y aseguradoras, revisando seriamente su forma de actuar.

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