Opinión: A vueltas con la herencia

ADVERTÍ de que algunos estaríamos atentos en el proceso de la herencia del señor Bango, ese filántropo que donó, ‘generosamente’, a la Asociación Gijonesa de Caridad, toda su herencia para construir una residencia para ancianos sólo españoles y no tóxicos. Reaparece ahora, en el aniversario de su fallecimiento, el asunto de su famosa herencia, recuerden, unos terrenos dispersos, algunas propiedades urbanas y dineros en las cuentas opacas de la banca suiza, tan opacas que, después del rastreo, parece que ha sido imposible cuantificarlas.

Pero el asunto de la herencia y sus condiciones imposibles es el que nos trae una vez más a la página. El legado de la herencia del señor Bango, todos sus bienes muebles e inmuebles, debe servir, según el testamento, para construir una residencia para ancianos, y la entidad heredera se propone cumplir con el mandato testamentario y construir la famosa residencia -necesaria por otra parte- con el déficit de plazas que tiene la comunidad en general y la ciudad en particular.

Ahora bien, parece ya fuera de lo tolerable que, con las cláusulas excluyentes y fuera de ley, es decir, ilegales, que acompañan la decisión de donar, el Ayuntamiento haya accedido a permutar suelo para que dicha residencia se construya en los terrenos de la antigua estación pecuaria de Somió. No porque no puedan permutarse con particulares terrenos con fin social, si el Ayuntamiento lo considera conveniente, sino porque la finalidad social de dicha permuta queda en entredicho si, como todos sabemos, la residencia que se pretende construir es excluyente hasta el punto de ser imposible de aceptar, tanto por parte de un ayuntamiento de izquierdas, como por parte de una sociedad que se construye basada en la tolerancia y los valores de integración y respeto.

La ley del anciano 7/91 y los decretos que la desarrollan, 10/98 y 79/02, entre otros, regulan el derecho al acceso a las residencias públicas y concertadas, así como las condiciones que han de cumplir todos los establecimientos, incluso los privados. Si algún día la Asociación Gijonesa de Caridad pretende concertar dicha residencia con el Principado y no convertirla en una residencia privada, de pago inabordable para ancianos con pocas rentas, deberá tener en cuenta que es ilegal, inconstitucional y denunciable jurídicamente aceptar que dicha residencia tenga condiciones de acceso que prohíben que alguien que no sea español o tenga problemas de toxicomanía pueda entrar en ella.

Quienes ocupan cama en plazas públicas o concertadas, lo decide el Principado a través del organismo y la valoración correspondiente y, salvo dos años de residencia en Asturias y las condiciones -baremables, de edad, económicas, de salud, de vivienda, y de apoyo familiar y comunitario-, no hay ninguna posibilidad de que se impongan otras de acceso para dichos recursos.

Una entidad que recibe ayudas económicas de la Administración para realizar atención social, autorizada y acreditada por dicha Administración (conviene recordar esto), no puede burlarse de las condiciones que la sociedad democrática marca para la atención a los mayores. Si se quiere una residencia privada, cóbrese la herencia, constrúyase dicha residencia, sometida como todas a autorización, acreditación e inspección del Principado, y no se pida ayuda de ningún tipo. Y si se pretende que la Administración colabore con dicha residencia a través de concierto, entonces óbviense las cláusulas impuestas por el señor Bango, que son directa, pura y duramente racistas e intolerables en la sociedad de hoy, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las leyes.

Estaríamos algunos atentos, dijimos en el artículo de hace ya algún tiempo. Si hubiera un interés mínimo de la Administración en aceptar las condiciones y se concertara dicha residencia, obviamente habría que pasar de la atención al juzgado.

Hay 2 comentarios

  1. mariaSi /

    entiendo que si el señor Bango dejo su dinero con ciertas condiciones, tendría las razones que no comprendemos, se debe respetar su decisional todos/as los que hacemos testamentos, nos gustaría que se cumpliera tal como deseamos se ejecute, por raro que parezca

  2. kike /

    Gracias por su comentario. El artículo de opinión de Nacho González, uno de los mayores expertos asturianos en materia de servicios sociales y profesor universitario del ramo, lo que sostiene es que no puede acudirse a la subvención pública, ni consorciarse con la red pública en caso mantenerse las limitaciones de acceso. Podrá hacerse de manera privada, pero no como residencia pública, las normas lo impiden. Las plazas residenciales públicas no pueden elegir usuarios con criterios discriminatorios.

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