Opinión: Otra vez las residencias

YA ha llovido en Asturias desde la aprobación en 1991 de la ley de Asistencia y Protección al Anciano, una norma básicamente residencial que vino a regular un sector que, entonces incipiente en la región, barruntaba un incremento de demanda que se podía intuir ya en aquél entonces. Hoy, la ley se ha quedado obsoleta y, aunque ha sido complementada por infinidad de decretos y por la ley de Servicios Sociales, sigue siendo una ley con voluntad manifiesta de sucumbir y ser sustituida por una nueva que ya urge desde hace tiempo.

Aquella ley (y su modificación posterior del año 98, que afectaba a las funciones del Letrado Defensor del Anciano) trajo, sin embargo, alguna expectativa que permitía pensar que la Administración tenía intención de querer mejorar la calidad asistencial de tales recursos. Si uno recorre la ley, está ya plantaba la necesidad de autorización administrativa, de inscripción en un registro general de residencias, de una normativa de régimen interior donde figuren las normas y la organización del centro y la obligación de instalar un buzón de quejas, que afecta igual a centros privados que a públicos. Quien no cumplía estos requisitos, se situaba automáticamente fuera de la legalidad y, por tanto, estaba sujeto a las sanciones que la propia ley establecía, desde las económicas hasta los cierres temporales.

Basta con repasarla para encontrarse también el hecho de que ésta preveía la creación de la figura del Letrado Defensor del Anciano, responsable máximo de la tarea de inspección y valoración de las denuncias, que podía actuar de oficio, a instancia de parte o a petición de la Administración y que en la misma los expedientes sancionadores, cuyos procedimientos desarrolla, ya se preveía quiénes en la Administración podían sancionar, desde el consejero hasta el Consejo de Gobierno.

Pues bien, no ha sido sino desde hace menos de tres años que, por fin, la Administración del Principado se acordó de la necesidad de nombrar a tal Letrado, un perfecto desconocido para nuestra sociedad, que tiene un 24% de población mayor de 65 años y que, además de controlar y vigilar los centros, también es el responsable de atender cualquier denuncia sobre menoscabo de los derechos de las personas mayores y de los incapacitados.

Años después se creó, en la consejería correspondiente, un pequeño equipo de inspección -infradotado, por supuesto- y se endurecieron las condiciones de las instalaciones de dichos centros, aunque se les concedió una moratoria de cinco años, que caduca dentro de unos días (no son casuales las noticias de estos días) para adaptarse a las nuevas normas de instalaciones y requisitos a través del Decreto 79/02 de Inspección, Autorización, Acreditación y Registro de los Centros de Servicios Sociales, y las sanciones para los infractores a través de la ley de Servicios Sociales 1/03, que ya prevé, por fin, el cierre definitivo y la inhabilitación de sus propietarios o responsables.

Si se preguntan por qué los procedimientos de cierre tardan tanto, le invito a que se pregunten lo siguiente: ¿qué se hace con los ancianos cuando un centro residencial tiene que cerrar? ¿Por qué tenemos una legislación de procedimiento administrativo tan garantista cuando existe la posibilidad del cierre cautelar? ¿Cuánto de inversión en nuevas residencias públicas estaba previsto en el nuevo presupuesto, con una lista de espera pública que rebasa ampliamente las 1.800 personas? En una comunidad descompensada entre la oferta privada (más de 9.000 plazas) y la pública o concertada (algo más de 3.000) hay respuestas que se obtienen solas.

A partir de enero, caducado el plazo de adaptación, hablaremos de sanciones y cierres. Mientras tanto, pueden buscar al Letrado Defensor del Anciano más difícil de encontrar en estos días que ‘Wally’, el famosos muñeco a rayas de los cuentos infantiles.

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