EQUO califica de «solicitud de patente de corso» la petición de sondeos en Salave

Las alegaciones de EQUO se centran en la amenaza a las aguas subterráneas, pues no se garantiza la no intromisión de productos tóxicos en los acuíferos y en la indefinición del proyecto: no se definen las pistas ni se prevé su restauración, aunque se reconoce que se harán; no se definen los productos tóxicos a emplear, aunque se dice que se emplearán sustancias peligrosas; no se dice dónde y cuántas balsas de decantación se harán, aunque se citan; no se sabe hasta cuándo y cómo se afectará a las propiedades privadas y parecen imponer servidumbres de tapadillo; no se sabe cómo afectará a las aguas, aunque se dice que se captarán «si aparecen»; tampoco sesabe si afectan a terrenos del POLA o si son un uso admisible según el PGO local.

La solicitud de empresa EMC está en tramitación en la Consejería de Economía, y EQUO ha comparecido dentro del plazo que finalizó el lunes 25 de junio y presentó las siguientes alegaciones

Alegaciones a la EPIA del «Proyecto de Campaña de Sondeos de Cierre de Malla» en Salave (Tapia de Casariego), anuncio en el BOPA del 4-VI-2012, ante la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO (VIII legislatura) -Dirección General de Minería

De la documentación sometida a información pública se desprenden una serie de incertidumbres que a nuestro juicio requieren subsanación y, en cualquier caso, acción de la administración para su aclaración y control, de acuerdo con los objetivos de protección del medio ambiente y los derechos de propiedad, y que invalidad la documentación presentada, debiendo ser rechazada por la administración:

1º) SITUACIÓN JURÍDICA CONFUSA respecto a la propiedad y la ocupación de los terrenos y la imposición de servidumbres, en tanto que en el documento se manifiesta por una parte una duración de los trabajos de 8 meses, pero al mismo tiempo se afirma que los sondeos serán taponados a una profundidad de 0,30 metros para posteriores accesos. Al mismo tiempo NO SE ESTABLECE RESTAURACIÓN de las pistas de acceso, sino solamente de las plataformas.
Estas carencias e indefiniciones del documento obligan a aclarar jurídicamente el carácter de la ocupación y las servidumbres que se imponen a los propietarios, o en su defecto el final de las mismas a los ocho meses de campaña, y la consiguiente restauración de plataformas, pistas, acopios, escombreras y balsas.

2º) INDEFINICIÓN DE LAS BALSAS DE DECANTACIÓN. Estos elementos imprescindibles, no aparecen en el documento en los epígrafes dedicados a las infraestructuras necesarias y se citan en cambio en los condicionados del punto 8.1.3 y siguientes en cuanto al tratamiento de las aguas. Sólo aparecen pues en las medidas correctoras, pero para corregirlas habrá que haberlas implementado sobre el terreno previamente, de lo cual no se informa en ningún momento, en cuanto a número, tamaño, ubicación, protección frente a abrevado de fauna (incluidas las aves) y ganado. Tampoco conocemos su caracterización en cuanto a contenido químico.

3º) COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA NO ACLARADA. En ningún momento se aclara la compatibilidad urbanística (PGO de Tapia) de la actuación, ni su posible afección a terrenos incluidos en el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA).

4º) INDEFINICIÓN DE APERTURA DE PISTAS. El documento plantea poco menos que conseguir una «patente de corso» para la apertura de pistas de acceso, no solamente por la ausencia de restauración de las que se abran, sino por no delimitar cuántas ni dónde. Recordemos que la apertura de pistas requiere en sí misma una EPIA propia. Pues bien, en este documento se deja a criterio de la empresa promotora hacer las que le parezcan, solicitando de forma encubierta un «permiso general» sin cabida en el ordenamiento jurídico. Textualmente reconoce que se abrirán accesos y además indica que «9.1 EMC identificará aquellos permisos necesarios en caso de tener que habilitar nuevos caminos». Y en ningún lugar figura la restauración de las mismas, están excluidas del epígrafe de restauración.

5º) INDEFINICIÓN DE LAS SUSTANCIAS EMPLEADAS con la salvedad de combustibles y lubricantes de uso corriente, apenas se citan «8.12(…)aditivos polímeros» para lubricación y refrigeración durante la perforación, que se circulan con agua aportada o interceptada en el propio sondeo. Sí se reconoce su toxicidad en una doble vertiente; por un lado el agua de las balsas se recircula y se afirma que «8.1.3 (…) se recogerá para su posterior tratado». Suponemos que se refiere a posterior tratamiento. Además el epígrafe 9.3 se refiere a «Gestión de productos químicos» pero tampoco cita cuáles son. Más aún, se considera un Plan de Emergencia con inclusión en el mismo de posibles derrames de «9.4 (…) productos tóxicos».
Con la actual redacción del documento expuesto NO CONSTA QUE SUSTANCIA TÓXICAS SE EMPLEARÁN, pese a reconocer su empleo no figuran caracterizadas. Esto supone otra liberalidad medioambiental que no permite la aceptación del documento tal como está.

6º) INCORRECTA DEFINICIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y de la AFECCIÓN HIDROGEOLÓGICA. El documento no referencia ningún estudio ni previsión de afección a los acuíferos subterráneos, cuando sí reconoce que en caso de aparecer agua en los sondeos se aprovechará la misma. Este aprovechamiento de aguas subterráneas está sujeto a autorización en sí mismo. Pero además existe el riesgo de que los productos tóxicos empleados en la perforación del sondeo pasen a dicho acuífero, contaminándolo. No se establece medida preventiva alguna y además desconocemos la caracterización química de esos aditivos y su peligrosidad, toxicidad y capacidad de difusión. No se garantiza la no intromisión de contaminantes en los posibles acuíferos subterráneos, que tampoco se conocen.
Se cita en el punto 8.1.2 que los caudales se recircularán y que las aguas sobrantes recogidas en la balsa serán tratadas, sin que se produzca su vertido. Seguimos ignorando el contenido de dichas aguas, su carga contaminante, y dónde y cómo serán tratadas.

Deben aclararse las circunstancias precitadas, para exacto conocimiento de las cuestiones que aquí se han planteado, y además debería exigirse la acreditación documental de los tratamientos de residuos que se citan en el documento, mediante la correspondiente aportación a la administración de los recibos de las entidades gestoras, con la adecuada trazabilidad.

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