Un impuesto sobre las bebidas azucaradas

El sedentarismo y la alimentación inadecuada son causa de obesidad, diabetes, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, músculo-esqueléticas, inmunológicas y mentales así como de otros problemas sanitarios, tanto en países desarrollados como, incluso, en los menos avanzados.

En España, y en Asturias, el sedentarismo y la obesidad se han convertido también en unos de los problemas graves de salud pública y afectan en gran medida a la población más joven. Los asturianos estamos entre los líderes europeos en esa problemática. Según los estudios disponibles, por ejemplo, en Avilés, el 35% de los niños y el 65% de las niñas de 14 años son sedentarios, con las consecuencias para la salud que eso supone. Y bastantes de ellos, obesos.

Las autoridades sanitarias, además de proporcionarnos atención médica cuando estamos enfermos, véase el nuevo HUCA, deben poner el énfasis, sobre todo, en que vivamos sanos el mayor tiempo posible, sin necesitar asistencia. En palabras de Valentín Pérez, promotor del magnífico proyecto de salud comunitaria de La Fresneda (Siero), los poderes públicos deben intentar provocar una “epidemia de salud”. Para ello son imprescindibles medidas preventivas para conseguir unos hábitos de vida más saludables que pasan siempre por una actividad física intensa de los ciudadanos y una alimentación adecuada que evite los productos con exceso de azúcar o grasas.

Con este fin la Organización Mundial de la Salud ha aplaudido, entre otras cosas, la implantación, en todo el mundo de impuestos a las bebidas azucaradas. Las poderosas multinacionales de este sector, con sus costosas campañas de publicidad, han extendido mucho el consumo de este tipo de bebidas, incluso en los países pobres. Con ello han engrosado sus beneficios pero están fomentando una alimentación menos saludable y los consiguientes problemas que se generan.

Algunos países como Francia o México, preocupados por la salud de sus ciudadanos, están trabajando ya, desde hace años, en la implantación de estos impuestos, pese a las fuertes presiones que reciben por parte de las empresas del sector y del gobierno de Estados Unidos.

En España, el gobierno de Cataluña se planteó en 2012 la creación de un impuesto catalán a las bebidas refrescantes azucaradas con el que pretendía recaudar 30 millones de euros al año, impuesto que luego aparcó, sin más explicaciones, según los medios de comunicación por las presiones de Coca-Cola y del Gobierno de EEUU a través de su embajador en España.

La situación actual de Asturias, con los problemas ya señalados de obesidad, diabetes y otras enfermedades ligadas al sedentarismo y la mala alimentación; y con las dificultades de sostenibilidad económica del sistema sanitario público, sobre todo si, a causa de lo anterior, aumentase el numero de personas que demandan atención médica, hace necesario, en nuestra opinión, y sin ninguna duda, la implantación de un tributo regional eficaz a las bebidas azucaradas que reduzca su consumo.

La recaudación que se obtendría de este tributo en Asturias sería de entre 2 y 5 millones de euros al año, según aplicásemos el impuesto francés o el catalán, y podría destinarse a medidas como los proyectos de salud pública comunitaria, programas de mejora de la alimentación de los escolares, el fomento de la actividad física a todas las edades, la lactancia materna o la reducción de impuestos para las frutas y verduras.

Con el impuesto a las bebidas azucaradas se conseguiría además, a medio y largo plazo, disminuir las necesidades de gasto del sistema público de salud y con ello mejorar su complicada viabilidad financiera futura.

Este tributo, además, debería complementarse con otra potente tasa a los envases desechables (botes y botellas) que además de reducir su uso, incentivase su total reutilización o reciclaje y evitara los problemas medioambientales que también genera el consumo de bebidas envasadas, sean del tipo que sean.

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