Enseñanzas del fraude de El Musel

Está a punto de cerrarse el procedimiento que abrió la Comisión Europea en diciembre de 2007 tras la Queja de Los Verdes de Asturias sobre las obras de ampliación del puerto del Musel.
Los Verdes denunciamos entonces que se estaba engañando a la UE al solicitar una nueva ayuda al Fondo de Cohesión para una supuesta “segunda fase” de las obras que en realidad no existía y ocultaba un oscuro sobrecoste (la ampliación ya contaban con una primera ayuda concedida para el proyecto inicial). Denunciábamos también que se incumplía la normativa de contratación y que parecía que había interés en aumentar el presupuesto de la obra, moviendo piedras de aquí para allá, para hacer lo mismo.
Los servicios competentes de nuestro gobierno europeo, como era de esperar, tomaron la cosa en serio y han hecho un buen trabajo. Hasta Bruselas no llegan los tejemanejes de las empresas y las autoridades españolas. Allí no pueden pedir que se tape el asunto, ni decir “que qué más da, si eso no lo van a pagar los asturianos”, como contaba entonces el consejero Buendía en la prensa.
Gracias a la denuncia, la UE constató que efectivamente no había una segunda fase sino un sobrecoste ilegal y, de mano, negaron la segunda ayuda. El gobierno español, descubierto el engaño, desvió esa solicitud de fondos a la variante de Pajares y el Programa del Fondo de Cohesión (2007-2013) pudo seguir adelante. La UE, además, comenzó a investigar si procedía mantener la primera ayuda.
Pero las autoridades asturianas no escarmentaron por las ilegalidades que advertía la UE. Continuaron con el modificado, lo empezaron a pagar, incluso sin estar aprobado por falta de crédito presupuestario. Emprendieron una loca huída hacia delante.
Posteriormente, en octubre de 2008, Andecha Astur, trasladó la misma denuncia a la Oficina Antifraude Europea, la OLAF. El chamullo todavía se agravaba más para los gestores del puerto y también para el gobierno asturiano que, sin ninguna necesidad, ni competencia, se había hecho responsable del mismo ante la opinión pública.
El Gobierno español, entonces del PSOE, ante estos hechos, durante varios años no sabía para donde mirar ni dónde meterse. Si la obra era ilegal para la UE, también lo era en España. Debería haber obligado a que la obra se replantease. Hubo un periodo en que, avergonzados, ni siquiera querían hablar del asunto y no se sabía que iban a hacer, pero, finalmente, en 2010, por las presiones recibidas desde Asturias y por la proximidad del fin de la obra y de las elecciones, accedieron de mala gana a dar un préstamo al Musel para que pudiera aprobar y pagar el modificado y vestir el expediente. Un error, porque unieron su destino al de los padres del sobrecoste.
Así, cuando llegaron los inspectores de la OLAF en 2012 y 2013, la falta de colaboración con ellos fue llamativa. Otra huída hacia delante. Los órganos fiscalizadores pueden ser lentos, pero resultan implacables.
El resultado casi ya definitivo llegó en 2014, casi siete años después de la denuncia de Los Verdes. La OLAF terminó su informe en el que recomendaba exigir la devolución de la primera ayuda de la UE. Además indicaba que, aparte de irregularidades y fraude, podían haberse cometido delitos que deberían ser investigados por la Fiscalía. Este informe se añadió al resto del expediente de la Dirección General de Política Regional europea. Y el último paso, hasta la fecha, ha sido la Carta de Cierre que enviaron las autoridades de la Comisión a las españolas el 24 de octubre indicando que el gasto relativo a la obra completa de ampliación del Musel no es financiable por la UE, debido a la violación de varias disposiciones europeas. En esas circunstancias exigen a España que devuelvan “todo” el dinero recibido para ese proyecto.

¿Qué enseñanzas debemos obtener de todo esto?
• En primer lugar, que somos ciudadanos europeos y las instituciones de la UE, pese a la distancia física, se preocupan por la gestión de los fondos públicos, que son de todos, e investigan los fraudes y las denuncias de los ciudadanos. En estos aspectos, podemos confiar en la UE.
• En segundo lugar, la corrupción, el “tira que libras”, el “clientelismo” y el “tapar los trapos sucios”, tan común en Asturias y en España, no suele funcionar en la UE.
• En tercer lugar, el prestigio de España en Europa, como gestores de fondos públicos, con actuaciones de este tipo, queda por los suelos y eso se puede pagar en otros proyectos o solicitudes de ayuda.
• En cuarto lugar, los fondos públicos, cuando se detectan fraudes y se retiran de un proyecto que no los merece, “no se pierden o desaparecen”. Esos dineros siempre tienen un coste de oportunidad y pueden destinarse a otro proyecto mejor para el desarrollo de los europeos. Sólo “se pierden de verdad” cuando se malgastan o se malversan.
• Y por último, la firmeza de la Comisión, ha sido buena para nuestra salud política y económica. Gracias a esa firmeza, por ejemplo, Areces, en 2010, se echó para atrás y no pudo encargar, a dedo, a la empresa Jovellanos XXI, la construcción de un innecesario palacio de justicia en Oviedo como ya había aprobado saltándose la ley de contratos públicos. Y gracias a los tribunales asturianos y al rigor del Banco Europeo de Inversiones, COGERSA tuvo que anular en 2011 la contratación de la incineradora de residuos.

Por todo ello, los ciudadanos de a pie, debemos estar satisfechos con el resultado de esta experiencia y dar gracias a la UE por aclarar el chanchullo del Musel. Y debemos desear que, algún día, los gobiernos que tengamos en las administraciones españolas, y los órganos legislativos y judiciales, funcionen de esa misma manera. Cosa que, si queremos, quizás podemos hacer, porque en democracia, depende de nuestro voto.

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