Salud mental y responsabilidad pública

VUELVE a mordernos estos días el alma, lo ocurrido frente a la pajarera del parque un terrible día de hace cuatro años. Sobrecoge saber que uno ha estado tantas veces festejando las risas de su hijo en el mismo lugar, aprendiendo la vida, abriéndole los ojos, a los ojos de un mundo más lejano, entre especies de pájaros, y el conejo ‘Ramón’, un ejemplar que era la envidia de cualquier cunicultor, al que mi padre le puso ese nombre, y que pasó por extensión a denominar todo el parque. Adrián desde entonces no concibió otro nombre para el parque que el de su morador más ilustre.

A calor de la experiencia italiana de la reforma psiquiátrica, liderada por Franco Basaglia, un joven grupo de profesionales de la psiquiatría, aupó, contra viento y marea, a Asturias a la cabeza del derribo del muro de los manicomios, y durante los años ochenta se desarrolló un proceso gradual de cierre paulatino del mismo y articulación de una red comunitaria de atención. Entre 1983 y 1989, La Cadellada pasó de 1.300 enfermos internados a algo menos de 300 (un resto manicomial difícil de reducir, y finalmente reducido con la llegada de las obras del HUCA), al tiempo que se creaba una red de centros de salud mental para adultos y para niños en las diferentes áreas de Asturias. Hasta ahí nada que objetar.

Pero la reforma psiquiátrica, y la psiquiatría comunitaria chocaron, además de con no pocas incomprensiones presupuestarias, con el difícil reto de abordar un incremento brutal de la demanda (decenas de miles de usuarios), derivada de todas las crisis, todos los consumos, ligados a los nuevos y viejos estilos de vida, y a una sociedad cada vez más patologizada, y ha tenido que hacerlo con recursos escasos, poco ha crecido la red y la plantilla desde el final de la reforma.

Esto ha hecho que una buena parte de la atención de los enfermos descanse sobre las propias familias, que han visto escasamente desarrollados los recursos intermedios, las estancias temporales, y los apoyos domiciliarios, sobre los que debía descansar una buena parte de la nueva concepción del enfermo mental como sujeto de derecho, al que había que integrar y normalizar.

Tanto es así, que la atención a estos enfermos es delegada a las familias que, en el mejor de los casos, y a través de las entidades de ayuda mutua, consiguen paliar una mínima parte de sus sufrimientos en la atención a los suyos. Salvo que tengan solvencia económica suficiente para enfrentarse a tratamientos privados carísimos y de estancia ilimitada, porque hasta ahí no llegó la reforma.

Quien está condenado a la atención pública sabe, que las visitas y las citas son muy espaciadas, que la farmacología (sin duda efectiva) ha sustituido a cualquier otro tratamiento, que no hay apenas recursos de estancia intermedia, que todo lo que los enfermos han ganado en derechos, lo han perdido las familias que los cuidan, y que además la ley de la Dependencia ni siquiera las contempla (un fiasco absoluto).

Habrá sin duda un culpable en el crimen del parque, y espero que tenga una condena que los inhabilite para volver a repetirlo jamás, pero mientras las familias no tengan herramientas que posibiliten obligar a los tratamientos, mientras no exista corresponsabilidad pública, buena coordinación médico-jurídica, mientras la administración no asuma de una vez su trabajo y lo deje todo en manos de las asociaciones precarizadas en medios y en personal, seguiremos moviéndonos por el borde exterior del filo de lo justo.

Existe una responsabilidad civil subsidiaria que no tiene dueño, pero alguien debió obligar a Ramón del Barrio a tomar el tratamiento, y si no, alguien debió ingresarlo en algún lugar terapéutico y no dejar en manos de una madre impotente su tratamiento. La administración, debe recibir, al menos, la condena de la sociedad civil en este caso.

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