Eticidad

Eticidad
JUAN IGNACIO GONZÁLEZ/

EL ejercicio político en democracia exige no sólo una construcción moral fuerte, basada en profundas convicciones democráticas, sino el ejercicio permanente del comportamiento ético, incluso más allá de la duración del cargo. Si la política es la ética de las cosas para la construcción del bien común, y la democracia lo es en la práctica (el ejercicio de la representación de la confianza del ciudadano, que se renueva con periodicidad) algún mecanismo perverso hace que en ella se instalen sistemáticamente algunos sujetos grises (de todo pelaje y condición, y también de todo signo) que ostentan la representación fraudulenta y hacen de su tarea, y de tal manera,una forma de vida que no solamente se instala en el fraude de ley y, por lo tanto, en el delito, sino en el fraude moral y en la falta absoluta de ética personal que lastran el lado más sensible y frágil del sistema democrático, que es su credibilidad.

La quiebra de confianza del administrado en sus representantes es el atentado más grave que se puede cometer en democracia, y casi siempre se comete por el lado del dinero criminal (otros prefieren llamarlo dinero negro, o dinero B).

Podríamos teorizar ahora sobre lo sensible y vulnerable que es la política municipal, tan ávida de ingresos por perversión legal de sus insuficiencia presupuestaria. Ya hemos dicho alguna vez que cuando la legislación es cicatera con las formas de financiación de los ayuntamientos, y cuando hay un reparto no adecuado de los servicios que debe prestar cada Administración, el urbanismo se impone como el mal necesario que los ayuntamientos utilizan para aflorarse ingresos (una de las perversiones del sistema que habrá que revisar).

Pero no hemos dicho nunca que deba ser así ni hemos admitido nunca que en política quepan (otra cosa es que, ‘de facto’, caben) personajes a los que no se les conoce otra tarea que instalarse en el poder, gestionar el poder, transmitir el poder, y vivir del poder, incluso vivir criminalmente del poder, y socavar el valor democrático del poder (y encima casi siempre son, o han sido, concejales de urbanismo, cercanos al dinero criminal de las mafias de la construcción que se instalan no sólo en Marbella, sino entre el Eo y Tina Mayor).

Un concejal liberado para la tarea política como el señor Sopeña, que fue durante más de una década concejal con responsabilidades en estos temas y al que en los últimos veinte años no se le conoce otra actividad ni otra gesta política más que la de haber aupado a Gabino de Lorenzo al poder, a base de cambiar sus apoyos y traicionar a los suyos; que es además (por senador) ‘padre de la Patria’, y que tiene ingresos superiores (muy superiores) a seis mil euros al mes, no puede, de raíz, no ya intervenir en la intermediación de ningún negocio, sino ni siquiera estar presente en la intermediación de ningún negocio, y especialmente en aquellos donde se mueve dinero criminal, con su connivencia.

Avalar esa práctica delictiva no es más que permitir que se instalen más de lo que ya lo están los elementos que facilitan la corrupción del poder político, y que la práctica y el uso del dinero fraudulento se nos haya convertido ya en lenguaje cotidiano, porque, ¿quién no lo utiliza ya alguna vez? o ¿a quién no se lo han exigido en cualquier transacción inmobiliaria?

La higiene democrática aconseja acortar por limitación los mandatos sin generar monstruos sin más oficio ni beneficio que el del puro lucro criminal, pero aconseja mucho más limitar y evitar la presencia en política de dichos sujetos.

La eticidad que debía separar a la izquierda de la derecha en este siglo que comienza en la tarea de la construcción moral del futuro tampoco es la coartada, mientras sigan existiendo Sopeñas o Campelos, o no se aclare en Córdoba la titularidad y el origen del chalet donde pernocta su primera edil.

Comentario Cerrado