Los Verdes y El Musel, por la buena gestión del dinero público

Artículo de Joaquín Arce fernández en El Comercio, 29 de setiembre 2008

L OS Verdes de Asturias, integrados en los ‘European Greens’, somos una fuerza política ecologista, pacifista e internacionalista. Tenemos una larga trayectoria en Gijón donde el grupo encabezado por Eduardo Campomanes, uno de los líderes históricos de Los Verdes españoles, ha estado activo desde los años 80. En el Parlamento Europeo nos representan más de 40 diputados/as de varios países, tres de ellos por España. Desde 2007, en Asturias, formamos parte de la coalición IU- BA-Verdes, coalición que cuenta con 4 diputados/as en la Junta General. Como fuerza política, impulsamos cambios en el modelo de desarrollo para hacerlo sostenible, igualitario y pacífico y también defendemos la renovación ética en la política, la participación de la ciudadanía y su defensa frente a los abusos de administraciones o grandes empresas. Para lograr estos objetivos, trabajamos en las instituciones, difundimos propuestas sobre movilidad sostenible, energía, cambio global, conservación de la naturaleza, desarrollo rural, salud, feminismo, políticas sociales, derechos civiles, etcétera, en la línea marcada por los países más avanzados y por la Comisión y el Parlamento europeos, alegamos en los procesos de información pública y convocamos movilizaciones y actos reivindicativos no violentos.
En estas líneas de actuación se incluye el seguimiento de las grandes obras y planes públicos y privados en Asturias y la denuncia del sobrecoste de la ampliación del puerto de El Musel. Hemos pedido a nuestro Gobierno europeo que investigue y no financie un sobrecoste poco justificado, oscuro y sospechoso (que o bien responde a graves errores de los gestores que perjudican a la sociedad y hacen necesario exigir responsabilidades, o bien parece planeado para que algunos ganen mucho más dinero por hacer lo mismo). Sobrecoste que, además, creemos que viola la legislación en contratación pública europea. Que tiene un coste total y de oportunidad muy elevado: 216 millones de euros (sin IVA), por mover piedras en camiones de un lado para otro, que equivalen a más de lo que se gasta en I+D en Asturias en 10 años, en inversiones en todos los colegios e institutos en más de 5 años o en el racaneado Salario Social de Asturias en más de 13 años. Y que se ha vendido a la UE para su financiación por el Programa Operativo del Fondo de Cohesión 2007-2013 como si fuera un nuevo proyecto denominado ‘Segunda fase de la ampliación’, algo que, en Asturias, todo el mundo sabe que no existe.
Ante esta denuncia, vemos que algunos consideran que el control de las instituciones públicas es «meter palos en las ruedas». Aspirar a un modelo de desarrollo sostenible es «pretender que Asturias no tenga futuro». Pedir buena gestión, transparencia y control del dinero de todos es algo «insólito». Y advertir a nuestras administraciones europeas sobre irregularidades en las peticiones de fondos estructurales y la existencia de posibles mafias o chanchullos locales es «traicionar a la región». Pero no nos extraña, porque también hemos visto que hay cargos importantes que son capaces de afirmar que los sobrecostes endosados a la UE «no los pagan los asturianos» (debemos vivir en otro continente) y que dicen que el dinero que no se malgaste en Gijón, eso si, en manos concretas, «se pierde». En realidad quienes ponen en peligro la solvencia ética y económica de las administraciones españolas que gestionan los Fondos de Cohesión son los defensores del sobrecoste y los engaños. El Gobierno de Zapatero debe de estar muy molesto con esos gestores que perjudican al prestigio de España en la UE y nos sitúan en el pelotón de los países más marrulleros y si no hacen declaraciones es porque comparten el color político. Y no digamos nada si al final la UE, al profundizar, detectase irregularidades y sancionase a España.
Por todo eso, en la situación actual, lo razonable sería que el Gobierno de España, responsable de los recursos asignados a nuestro país del Fondo de Cohesión, de acuerdo con la Comisión, retirara el proyecto del sobrecoste de El Musel del Programa Operativo, lo sustituyera por otro y encargara una auditoría seria sobre el asunto. Y si ese cambio de proyecto se barajase, el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, en vez de gastar sus energías en defender lo indefendible, criticar a los denunciantes o polemizar con el PP (por cierto, ¡qué ‘cutres’ son algunas personas del PP de Gijón, parecen la banda de Torrente!) deberían estar ágiles para aprovechar la oportunidad y proponer en su sustitución algún otro proyecto que cumpliese con nitidez los objetivos del Fondo (actuaciones medioambientales o redes transeuropeas de transporte sostenibles) y que tuviera una excelente relación coste-beneficio, para que resultase atractivo para la UE y el Gobierno español.
P orque, al final, lo que nos debe interesar a todos es que los fondos europeos se gestionen muy bien y consigan un éxito rotundo en el logro de los objetivos de la Unión Europea, que pasa por situaciones complicadas internas y externas y necesita apoyo. Como defendemos siempre Los Verdes de Asturias, los recursos europeos (y todos los fondos públicos, sean de la administración que sea) nos pertenecen a los ciudadanos y sólo se pierden cuando se malgastan o se malversan. Y como hay grandes necesidades en muchos lugares y materias, hay que tener muy en cuenta su coste de oportunidad. Cada vez que se entierra dinero en una actuación equivocada, sea dónde sea, se dejan de financiar otras muchas que están a la cola esperando su turno, que afectan a los derechos y la calidad de vida de numerosas personas y que son de mayor interés.

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