La finalidad de este tributo no es recaudatoria, sino de protección medioambiental, pero sabemos que generará unos ingresos de cerca de 20 millones de euros al año
ArtÃculo en el diario EL COMERCIO, 17.10.2010 DE JOAQUÃN ARCE FERNÃNDEZDIRECTOR GENERAL DE POLÃTICA FORESTAL Y MIEMBRO DE LOS VERDES DE ASTURIAS
La ConsejerÃa de Medio Rural y Pesca del Gobierno de Asturias ha propuesto estos dÃas la creación de un muevo impuesto sobre ocupaciones de los montes. Pretendemos que este impuesto se regule en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Acompañamiento de los Presupuestos para 2011 con el fin de que entre en vigor ese mismo ejercicio. El hecho imponible de este impuesto será la generación de daños, alteraciones, impactos visuales o ambientales sobre el medio forestal como consecuencia de la ocupación de montes en Asturias por determinadas actividades. Es decir, se trata de un tÃpico ejemplo de ‘impuesto verde’. Las instalaciones gravadas serán las lÃneas de transporte de energÃa eléctrica, los parques eólicos, las canteras, las minas (en especial, las de cielo abierto), los tendidos y antenas de telefonÃa, los teleféricos, los gasoductos y demás infraestructuras vinculadas a esas instalaciones. Estarán exentas del impuesto las actividades e instalaciones agrÃcolas, ganaderas y forestales, es decir, los usos tradicionales y sostenibles del monte y las instalaciones de la Administración regional o los ayuntamientos. A modo de ejemplo, por cada kilómetro de lÃnea de alta tensión o gasoducto, la empresa titular pagarÃa 3.000 euros al año; por cada aerogenerador, entre 2.000 y 4.000 euros, y por cada metro cuadrado de cantera o mina a cielo abierto, 0,2 euros. La finalidad de este impuesto no es recaudatoria, sino de protección medioambiental, pero sabemos que generará unos ingresos de cerca de 20 millones de euros al año. Debido a su naturaleza de ‘impuesto verde’, está previsto que la recaudación que se obtenga se destine, en su totalidad, a actuaciones de mejora y conservación de los montes asturianos, por otra parte, muy intensivas en generación de empleo en el medio rural. Las empresas que soportan el impuesto podrán beneficiarse de importantes deducciones si realizan inversiones de conservación de los montes.
Esta propuesta se enmarca dentro de las nuevas corrientes en polÃtica fiscal promovidas por la Unión Europea en su ‘Libro verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la polÃtica de medio ambiente’, por la OCDE y por otros organismos internacionales, que básicamente consisten en incrementar la presión fiscal sobre las actuaciones que impacten de forma negativa sobre el medio ambiente o que produzcan cambio climático.
En un contexto todavÃa más amplio, la doctrina económica dominante en la actualidad considera que los poderes públicos deben cumplir varias funciones económicas básicas: En primer lugar, redistribuir la renta para conseguir una sociedad más igualitaria y cohesionada. En segundo lugar, estabilizar la economÃa, controlando paro, inflación, crecimiento y déficit público. En tercer lugar, resolver los problemas de ineficiencia de los mercados, es decir, lo que los economistas llamamos los «fallos del mercado», de varias maneras: con normas antimonopolio; produciendo bienes públicos (sanidad y servicios sociales, educación, justicia, infraestructuras de transporte, seguridad pública, entre otros); fomentando las actividades con efectos externos positivos (efectos sobre los demás o el medio ambiente) como la cultura, la producción de alimentos saludables, el mantenimiento del paisaje., y corrigiendo los efectos externos negativos que producen algunas actividades humanas: contaminación, molestias, insalubridad…
Para conseguir cumplir esas funciones, las administraciones públicas pueden y deben usar instrumentos variados, como las leyes o normas de todo tipo, las polÃticas de gasto público (inversiones, subvenciones, prestación directa de servicios) y los impuestos. Estos últimos pueden tener una finalidad: fiscal (recaudar) o extrafiscal (para conseguir además otros objetivos de polÃtica económica, social o medioambiental). Aquà es donde se sitúan, por ejemplo, los impuestos vinculados con la salud pública (sobre el alcohol o el tabaco) y los impuestos para proteger el medio ambiente: los ‘impuestos verdes’. Es decir, la ‘fiscalidad verde’ es una forma más -y en algunos casos, la más adecuada- de ejercer las funciones que tienen los poderes públicos, en este caso, en polÃtica forestal, medioambiental y de desarrollo del medio rural. Los ‘tributos verdes’ minoran, al menos parcialmente, el daño al medio ambiente, al interiorizar en las cuentas de la empresas los costes ambientales y sociales; compensan a la sociedad también, de alguna manera, los daños ocasionados al medio ambiente por el que hace la actividad que genera efectos externos, y evitan la apropiación indebida y gratuita de valiosos bienes comunes, como el paisaje o la calidad medioambiental.
Por todas esas virtudes, la ‘fiscalidad verde’ está muy en auge en la actualidad, tanto a escala internacional (se preparan nuevas tasas sobre combustibles aéreos y la UE está promoviendo ‘impuestos verdes’ sobre los vehÃculos que circulan por las autopistas) como estatal (impuestos sobre combustibles o sobre emisiones de vehÃculos).
En España, tras la reforma de la LOFCA de 2009, las comunidades autónomas han visto ampliada su capacidad para crear sus propios tributos siempre que no recaigan sobre los mismos hechos imponibles que los tributos del estado o los municipios. En estos momentos, ya son muchas las comunidades que cuentan con ‘tributos verdes’ sobre emisiones contaminantes, o sobre distintas instalaciones que inciden en el medio ambiente. AsÃ, Aragón tiene impuestos sobre el daño medioambiental causado por grandes áreas de venta y por instalaciones de transporte por cable. Extremadura por aprovechamientos cinegéticos y por instalaciones de producción y transporte de energÃa eléctrica y telefonÃa. Galicia tiene un impuesto sobre los parques eólicos. Cinco comunidades tienen distintos impuestos sobre emisiones contaminantes a la atmósfera, que también deberÃa implantarse lo antes posible en Asturias. Y otras muchas regiones gravan las instalaciones nucleares, la gestión de residuos y vertederos, los embalses, y el saneamiento de aguas.
En Asturias, hasta el momento, contamos con algunos ‘impuestos verdes’ como el canon de saneamiento, el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, los recargos en la imposición sobre vehÃculos contaminantes y el céntimo sanitario, que están demostrando su eficacia para conseguir los objetivos medioambientales propuestos. Estos ‘tributos verdes’, además, disfrutan de un amplio respaldo popular en España. Según los estudios del CIS, los ciudadanos de nuestro paÃs apoyan el destinar más recursos y medios a la protección del medio ambiente.
Por todo ello, consideramos que el nuevo impuesto sobre ocupaciones en los montes propuesto por la ConsejerÃa de Medio Rural y Pesca cuenta con el máximo respaldo de la racionalidad económica, de las instituciones europeas y de los ciudadanos, y será un instrumento muy eficaz para las polÃticas económica y forestal de Asturias.
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