En los últimos meses se han sucedido una serie de presentaciones y conferencias públicas relativas a la evidencia del cambio climático. Después de cuatro décadas en que, tras las alarmas de algunos científicos, los ciudadanos más concienciados crearon y después desarrollaron el movimiento ecologista para prevenir sobre el rumbo autodestructivo que la economía llegaba sin que gobiernos ni empresarios atendieran esos avisos, ahora se suceden las llamadas a la cordura. Desde un ex-Vicepresidente de los Estados Unidos al Gobierno del Reino Unido pasando por los más diversos organismos internacionales han reconocido por fin la evidencia del cambio climático y los efectos gravísimos que va a tener -en realidad, ya está teniendo- no sólo en el medio natural, también en la economía mundial y en el bienestar de todos los habitantes de este planeta. Los informes más recientemente presentados son incluso más alarmistas que el discurso que venía haciendo público el movimiento ecologista, que tenía que moderarse para no parecer fantásticamente catastrofista. Es más, se ha reconocido que los informes “científicos” que refutaban la realidad del cambio climático estaban pagados por empresas multinacionales que con su actividad crean las condiciones para que éste se produzca.
Los gobiernos han empezado a reaccionar; así, se dictan nuevas orientaciones de política general dirigidas a reducir consumos energéticos, a fomentar las energías renovables y limitar el peso de las más contaminantes; merecen particular mención la “Estrategia nacional para el cambio climático” presentada ayer por la Ministra de Medio Ambiente y los planes del Ministerio de Industria respecto a la energía. Y se crean organismos cuya misión central es el estudio del cambio climático, el apoyo de iniciativas públicas y privadas orientadas a minimizarlo y la educación y concienciación pública sobre esta grave materia. Es el caso de las recientemente creadas “Oficina del Cambio Climático”, de Cataluña, operativa desde el pasado 1 de febrero y dotada con un millón de euros de presupuesto para el resto de este año 2007; o la “Oficina Aragonesa del Cambio Climático”, que ayer acordó crear el gobierno aragonés. También en Cataluña se ha acordado crear una “Comisión Interdepartamental del Cambio Climático.”
Mientras tanto, el Gobierno asturiano sigue sin enterarse de este problema. Sigue con sus proyectos de “desarrollo” a base de kilowatios, cemento y asfalto. En otras palabras, emisiones tóxicas y de efecto invernadero, campos electromagnéticos, desaparición de espacios verdes naturales o rurales, dependencia energética, insostenibilidad… Cuando incluso organismos tan poco “sospechosos” como el Banco Mundial, el FMI o la OCDE alertan sobre las graves consecuencias de esta línea de planificación económica, que no puede calificarse de desarrollo porque trae la ruina para las próximas generaciones (no nos remontamos a un futuro lejano, sino a las próximas décadas); y denuncian que el modelo económico español se encuentra entre los de menor productividad de occidente precisamente por estar centrado en el consumo masivo de energía y suelo en lugar de orientarse al I+D, nuestro gobierno no cambia el rumbo, no se entera.
Hay que tener en cuenta que entre las medidas propuestas por el gobierno central algunas afectan muy directamente a Asturias: la obligación de sustituir antes de 2012 las calderas de calefacción de carbón; o la instrucción del Ministerio de Industria de que las nuevas plantas de producción eléctrica se sitúen en las proximidades de los lugares en que se va a consumir la energía producida (en Asturias están proyectadas once nuevas plantas destinadas a la exportación, puesto que Asturias ya produce más del doble de la energía eléctrica que consume). Recordemos además que la zona central de Asturias, donde se concentra la población, también es una de las zonas más contaminadas de España, con más días al año en que se exceden los límites de polución tolerable: aquí nos quedamos con la polución, la energía y los beneficios van a otras regiones.
Ante esta situación, reclamamos la creación urgente de un Departamento ínsito en la Consejería de Medio Ambiente dedicado específicamente a este asunto, dotado con presupuesto generoso y competencias amplias, y de una Comisión interdepartamental del cambio climático que re-oriente la política de las distintas consejerías.
En Oviedo, a 14 de febrero de 2007.