Opinión: Finanzas locales

EL desarrollo de la actividad municipal requiere un marco financiero que permita la prestación de los servicios a los ciudadanos. Hoy en día, la fiscalidad municipal se encuentra muy limitada por una ley de Haciendas Locales que funciona como un auténtico corsé frente a los servicios que los municipios deben prestar. Recordemos que la segunda descentralización es uno de los compromisos pendientes del sistema democrático.

Un recurso económico fundamental para los ayuntamientos son las transferencias del Estado. Dada la creciente cantidad y calidad de servicios prestados, nuestros ayuntamientos padecen una situación de insuficiencia financiera permanente. Resulta pues imprescindible corregir estas condiciones, dotándolos de recursos públicos suficientes y adecuados a la realidad de los servicios ofrecidos, al tiempo que se generen dinámicas de equilibrio social y medioambiental. Un modelo fiscal progresivo y ecológico que haga compatibles el equilibrio presupuestario con criterios de equilibrio social («paga más el que más tiene») y medioambiental («quien contamina, paga») que podría traducirse en medidas en las que en el cálculo de las transferencias del Estado a los ayuntamientos se tengan en cuenta estos criterios, además de los de población y esfuerzo fiscal.

La reforma de la pieza básica de la tributación local, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se aplica a un tipo único en todo el Estado, debe permitir introducir en el cálculo del valor catastral aspectos de sostenibilidad del entorno, como el ahorro energético, uso de energías alternativas, aislamientos, etcétera, y establecer bonificaciones sobre la cuota del IBI en función de aspectos tales como la eficiencia energética y el aprovechamiento de nuevas tecnologías.

En el otro gran tributo municipal, el Impuesto de Vehículos de Tracción Motor (IVTM), se puede -en esta nueva fiscalidad local que se anuncia en la reforma tributaria de las haciendas locales y en el pacto por ayuntamientos con solvencia económica- determinar de manera que en los caballos fiscales de los vehículos se tengan en cuenta criterios de eficiencia energética y emisiones contaminantes, siendo bonificados aquellos vehículos que usen energías alternativas, de reducido consumo y de bajas emisiones.

La gradual necesidad de prestación de servicios ambientales en las ciudades, recogida y reciclaje de basuras, depuración de aguas exige la introducción de un impuesto que recoja el creciente coste de éstos. Hay múltiples experiencias de aplicación de ‘ecotasas’ de tratamiento y eliminación de residuos urbanos. Pese a que conceptualmente no es muy acertado denominar ‘ecotasa’ a una figura fiscal que sólo recoja el coste de esas prestaciones, mientras no haya una figura específica que esté supeditada al conjunto de los costes ambientales, esa denominación tiene en estos momentos un efecto explicativo y concienciador. Una tasa con diferentes modalidades y escalonamientos, intentando acercarse siempre al principio de «quien contamina, paga».

El Partido Popular eliminó en su día el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), dejando huecas las arcas municipales, siempre sobre la base de políticas viejas que prevén un efecto consumo que palíe dicha eliminación. La vieja trampa de la reducción de impuestos directos que se recuperan por la vía del consumo y el incremento exagerado de la imposición indirecta. Si lo que se deseaba era paliar su efecto fiscal, se podrían haber modificado las tarifas con el objetivo de primar comportamientos ambientales (ratios de emisiones y vertidos) y actividades de positivo impacto social (por ejemplo, por su capacidad para generar empleo) y que, además, su cuota hubiera sido deducible de los tributos estatales (IRPF, Impuesto de Sociedades), de manera que su neutralización fiscal no se hiciera a costa de la financiación municipal.

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