Asturias: Los juristas, contra la pretensión de Foro de aprobar la ley de deuda con la Junta disuelta

OVIEDO, JUAN A. ARDURA Tramitar una ley de endeudamiento de 486,5 millones de euros cuando la Junta General del Principado ya está disuelta, tal y como pretende el Gobierno regional que preside Francisco Álvarez-Cascos, es «una aberración jurídica e institucional». El diagnóstico de Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, es el más rotundo y concluyente del de todos los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA acerca de la decisión del Ejecutivo regional de tramitar una ley para aprobar más de doscientos créditos pendientes a través de la Diputación Permanente dos días después de que el Presidente anunciara la disolución del Parlamento regional para proceder a las primera elecciones anticipadas en la historia del Principado.

El letrado mayor de la Junta General del Principado, Alberto Arce, elaboró un informe acerca de la pretensión del Gobierno regional en el que concluía que la Diputación Permanente carecía de la representatividad exigida para legislar. Ese mismo informe estableció que el Gobierno regional podía haber incluido en su prórroga presupuestaria los créditos que retuvo «por decisión propia» y, por último, añadía que el proyecto de ley sobre el endeudamiento de 486,5 millones llegó al Parlamento sin el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) y sin los anexos I y II de la resolución del consejero de Hacienda, donde se detallan todos y cada uno de los doscientos créditos.

«La Diputación Permanente carece de potestad legislativa. Es un órgano de continuidad que tiene como función velar por los poderes de la Cámara en el período comprendido entre la disolución del Parlamento regional y la constitución de la nueva Cámara que salga de los comicios», comentó Ramón Punset. El catedrático de Derecho Constitucional argumentó que la Diputación Permanente del Congreso «tiene la capacidad de convalidar o derogar los decretos leyes sólo en situaciones de extrema y urgente necesidad porque su tramitación no puede ir más allá de los treinta días, pero es la única excepción que confirma la regla general de que no se trata de un órgano legislativo». Punset fue categórico al sostener que «la aprobación de una ley a través de la Diputación Permanente en un período interlegislaturas es una aberración jurídica e institucional. De ninguna manera se puede aceptar esa competencia, porque ¿a qué ciudadanos representan esos diputados?», planteó el jurista, que admitió que el reglamento de la Junta sobre las funciones de la Diputación Permanente «tiene una redacción un tanto genérica, pero en ningún caso abre la puerta a la potestad legislativa».

Miguel Ángel Presno, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, también considera que no es función de la Diputación Permanente de la Junta General «aprobar un proyecto de ley pues ni el Estatuto ni el reglamento de la Junta prevén tal posibilidad». Presno destaca que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo de Foro Asturias «no se refiere a circunstancias que no hubieran podido preverse; no son créditos para situaciones imprevistas o derivados de circunstancias sobrevenidas, sino de créditos consignados en los Presupuestos prorrogados pero que el Consejo de Gobierno retuvo en aras al equilibrio presupuestario». El constitucionalista precisa que el reglamento del Parlamento de Cataluña «atribuye de manera expresa -cosa que no hace el de la Junta General- a la Diputación Permanente, entre otras funciones, autorizar, a petición del Gobierno, por la mayoría absoluta de sus miembros, suplementos de crédito o créditos extraordinarios (…) si lo exige una necesidad financiera urgente».

Javier Junceda, decano de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña, considera que el Gobierno regional podría haber recurrido al anticipo de tesorería. «Suscribo el carácter sui géneris y heterodoxo de la iniciativa del Gobierno para tramitar ese crédito mediante una ley a través de la Diputación Permanente porque existe la fórmula del anticipo de tesorería, utilizado por ayuntamientos o administraciones para, por ejemplo, dar cumplimiento a una sentencia de contenido económico que no tenía consignación presupuestaria».

Joaquín Arce, ex director general de Presupuestos y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado, apunta que el Gobierno de Cascos «puede solucionar esta cuestión en 24 horas modificando su decreto de prórroga. Cuando ya se habla de rescindir contratos de obra, que tendría consecuencias gravísimas, hay que optar por el criterio más conveniente, sobraría el proyecto de ley», dijo.

«Aprobar una ley a través de la Diputación Permanente es una aberración jurídica»
Ramón Punset
Catedrático Dcho. Constitucional

«El Gobierno regional podría haber recurrido a la fórmula del anticipo de tesorería»
Javier Junceda
Decano de Derecho de la UIC

«En Asturias la Diputación Permanente no puede aprobar una ley»
Miguel Ángel Presno
Profesor de Dcho. Constitucional

«El Ejecutivo puede solucionar este asunto cambiando su decreto de prórroga»
Joaquín Arce
Ex director de Presupuestos

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