Fiscalidad ecológica, los impuestos del futuro

ElL cambio climático, la subida del precio del petróleo y el debate sobre el ‘céntimo sanitario’ traen a la actualidad la fiscalidad ecológica o verde, los impuestos del futuro.
El ‘céntimo sanitario’ se denomina así porque nació con la negociación de la financiación de la sanidad. En realidad, es un recargo sobre el precio de los combustibles derivados del petróleo, un impuesto ecológico que tiene poco que ver con la sanidad (no hay vinculación entre su gestión y el mayor o menor gasto en salud), aunque muchos políticos, por lo que sea, no lo quieran explicar así.

La fiscalidad ecológica consiste en gravar por la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y otros efectos externos negativos sobre el medio ambiente que producen empresas y personas al realizar sus actividades. La fiscalidad ecológica es doblemente eficaz: permite recaudar fondos públicos y, además, debido a la lógica económica de los mercados, contribuye a que los contaminadores reduzcan sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Las actividades con impacto ambiental (como, por ejemplo, la energía sucia) se hacen menos competitivas y sus sustitutivas no contaminantes (la energía renovable) ganan posiciones.

Como dice Samuelson, Nobel de Economía, la fiscalidad ecológica se enmarca en la lógica de gravar los ‘males sociales’ como el tabaco, el alcohol, la contaminación y el deterioro del medio ambiente en lugar de los ‘bienes sociales’ como el trabajo, la inversión, el ahorro, etcétera, con el fin de reducir los incentivos económicos para realizar actividades no deseables. En esa línea, los fondos recaudados por los impuestos verdes se pueden destinar bien a financiar las actividades del sector público (las relacionadas con el medio ambiente o cualquier otra) o bien a reducir los tipos de los impuestos sobre las actividades beneficiosas o sobre las clases sociales desfavorecidas. Hay impuestos ecológicos precisos: por ejemplo, los que obligan a pagar a los agentes que emiten sustancias contaminantes en función directa de la cantidad que emitan. Y otros generales: aquellos que gravan la producción o el consumo de bienes nocivos para el medio natural.

En el sistema fiscal español, los tributos se establecen a escala estatal, regional o local. En el ámbito estatal, la fiscalidad verde está representada sobre todo por impuestos especiales, como los que recaen sobre los hidrocarburos, y por un variado conjunto de incentivos fiscales a las empresas para la protección del medio ambiente. En el ámbito local, con limitada capacidad legislativa, la fiscalidad ecológica se centra en las tasas y contribuciones sobre alcantarillado, depuración de aguas residuales y recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.

Muchas comunidades autónomas ya aplican tributos verdes. En Andalucía hay desde 2003 impuestos sobre emisiones de gases a la atmósfera, sobre vertidos a las aguas litorales, sobre depósitos de residuos radioactivos y de residuos peligrosos y tasas para la prevención y control de la contaminación.
En otras regiones, como Galicia (1995) y Castilla-La Mancha (2003), se grava la emisión de dióxido de azufre y de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado de esas sustancias (emitidos, por ejemplo, por las centrales térmicas).
En Madrid, desde 2003, se penaliza el depósito de residuos, bien sea en vertederos o cuando se abandonan en lugares no autorizados. En Aragón, Baleares, Canarias y Valencia hay deducciones en el IRPF por gastos o donaciones con finalidad ecológica. Asimismo, hay cánones por vertidos y saneamiento en bastantes autonomías.

En Asturias, la situación en esta materia, como en otras relacionadas con el medio ambiente, es insuficiente. Desde 1994 existe un canon de saneamiento que grava el consumo de agua, por razón de la contaminación que pueda producir su vertido, con el que en 2007 estaba previsto recaudar 21 millones de euros. También desde 2002 está en vigor un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (unos 6,5 millones de euros al año) que no es un impuesto verde puro pero se puede considerar que tiene carácter ambiental. Con el ‘céntimo sanitario’ se recaudan 37 millones al año. Y otros 250 millones los cede el Estado de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, alcohol, tabaco, electricidad, etcétera. En total, los impuestos ecológicos en la administración regional asturiana, propios o cedidos, suponen un 7% de los ingresos, frente a, por ejemplo, el 14% del IRPF cedido, el 15% del IVA cedido, el 6% de los fondos europeos o el 32% del Fondo de Suficiencia del sistema de financiación autonómico.

Sería deseable que el Gobierno asturiano ampliase las figuras y la recaudación de nuestro sistema de incentivos y de fiscalidad ecológica, teniendo en cuenta las crisis energética, agrícola y de materias primas mundiales y las terribles perspectivas de cambio global y pérdida de biodiversidad. La UE así lo impulsa cuando dice que «el desplazamiento de la presión fiscal existente sobre el capital y el trabajo hacia el consumo, que es nefasto para el medio ambiente, permitiría disminuir los impuestos que influyen negativamente sobre la calidad de vida para reforzar aquellos que, por el contrario, la mejoran».

En concreto, en Asturias, se debería: aumentar el ‘céntimo sanitario’ y los tributos sobre el agua (con tarifas coherentes con la Directiva Agua, que busca el ahorro, la eficiencia y frenar el despilfarro); implantar tributos, como en otras regiones, sobre emisiones contaminantes a la atmósfera, residuos, vertidos a las aguas litorales, etcétera; incorporar al IRPF y a otros grandes impuestos estatales en los que sea posible, deducciones o recargos autonómicos con finalidad medioambiental; desarrollar nuevos impuestos e incentivos financieros o fiscales verdes, dentro de las competencias regionales y en la línea que marca la UE. Por ejemplo, impuestos sobre los remontes o cañones de las estaciones de esquí; peajes o viñetas para las autovías regionales o para acceder con automóviles a las ciudades o a espacios protegidos; tributos sobre envases y embalajes que busquen su reducción o reciclado; impuestos para proteger la biodiversidad; deducciones por los servicios medioambientales de los campesinos; suprimir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente; impulsar la fiscalidad verde en los municipios asturianos (suelo, agua, basuras…); fomentar con los fondos adicionales obtenidos el ferrocarril, los carriles-bus, los carriles-bici (una bicicleta más, un coche menos), el uso peatonal, el ahorro y eficiencia energética, la biodiversidad, los empleos y comportamientos sostenibles, y compensar con mejores servicios sociales a los personas de menor renta por la carga fiscal extra que pudieran sufrir por los impuestos verdes.

Hay 2 comentarios

  1. Pepe Botella /

    ¿Por qué haceis unos textos tan largos? Hacce palo leerlos.
    Bueno, yo estoy de acuerdo con los impuestot de emisiones para los automóviles, aver si hacen coches más ecológicos.

  2. kike / Autor del Artículo

    Es un artículo pensado para una determinada extensión en un periódico, por eso es más largo de lo habitual. ¡Gracias por leerlo con paciencia! y ¡salud!

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